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SUSCRIBITELa estructura montada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para verificar la legitimidad de los acreedores que pretenden reclamar deudas en las quiebras instruidas sobre Adhemar Capital y Edgar Adhemar Bacchiani colapsó ayer, en la víspera del vencimiento del plazo fijado por los síndicos para entrar en el procedimiento.
Los damnificados, razonablemente ansiosos ante lo que ven como la única posibilidad de recuperar algo de lo que metieron en las criptopirámides, desbordaron las instalaciones y presionan por una nueva prórroga. Seguramente se habilitará. Suficientes conflictos ha generado ya el tema como para encima sumarle excluidos de la quiebra que podrían ramificar recursos leguleyos encaminados a desacreditarla.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas aclaró que no tiene nada que ver con la quiebra y sólo se limitó a prestar espacio y equipos a los síndicos.
“Las demoras que pudieran ocasionarse en el proceso obedecen exclusivamente a la programación establecida por los síndicos y/o el personal afectado por ellos al procedimiento de verificación de créditos”, consigna en una solicitada que se publica hoy.
Prudente decisión. Caída la alternativa de cobrar en el marco de la causa penal que lleva el Juzgado Federal, con la banda Bacchiani en descomposición y sus miembros intercambiando imputaciones, se afirma la inquietante presunción de que el botín se ha fragmentado. Faltaría que los damnificados, o abogados dispuestos a sacar tajada de empiojar el proceso, pretendan contaminar al Consejo con el escándalo.
La importancia de verificación de los créditos se proyecta más allá de las quiebras específicas, sobre la causa penal.
Es improbable que quienes depositaron dinero “negro” en las criptofinancieras, en este caso la de Bacchiani, intenten cobrar en las quiebras, porque tendrían que justificar la procedencia de los fondos y quedarían expuestos a acciones de la AFIP.
De tal modo, cuando concluya la verificación los síndicos tendrán la lista de los acreedores que pusieron plata “blanca”, que los pesquisas federales estarán en condiciones de cotejar con la de los que denunciaron en el ámbito penal y avanzar en una arista que aún no han abordado, o de la que no han encontrado indicios: el lavado de activos.
Esta deficiencia ha sido recriminada por las instancias de alzada en varios de los incidentes de apelación planteados en la causa, al principio cuando la Justicia Federal quiso desligarse de investigar las estafas y remitirlas a la órbita provincial, para circunscribirse solo a la intermediación financiera no autorizada.
La Cámara de Apelaciones de Tucumán desestimó la pretensión con el argumento de que todo formó parte de un mismo dispositivo fraudulento y recomendó profundizar en el más importante de los delitos de competencia federal que se investigan, que es precisamente el lavado de activos.
La investigación aún no ha podido determinar el volumen de dinero involucrado en la trama, pero las hipótesis son siderales. En la ampliación de su indagatoria como arrepentido, el exejecutivo de Adhemar Capital, José Blas explicó cómo se trasladaba dinero en efectivo entre Córdoba y Catamarca, en expediciones que comenzaron con vehículos particulares pero exigieron luego, por la cantidad de plata y los riesgos, contratar utilitarios para transporte de caudales.
Según dijo, era para inyectar efectivo en la cadena, ya que se invertía mucha criptomoneda y dólares virtuales, pero sería insensato descartar que se moviera también dinero ilícito.
La lista de los acreedores de la quiebra facilitará identificar a quienes, entre los que se presentaron como querellantes en el ámbito penal, corresponde hacerles la pregunta: ¿de dónde sacó el dinero que le reclama a Bacchiani?
