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SUSCRIBITESi prosperan los procedimientos por subfacturación iniciados por la AFIP, la litífera Livent debería pagar multas por encima de los 440 millones de dólares. Las últimas evasiones de derechos aduaneros detectadas ascienden a 13,5 millones de la divisa, en operaciones perpetradas a lo largo de 2022, que se suman a los 8 millones calculados en 2018 y 2019.
El Gobierno catamarqueño se aparta de la línea de tiro de las responsabilidades con el argumento de que las contribuciones al fisco provincial que debe hacer la firma no se calculan desde el año pasado sobre la facturación, sino sobre un promedio del precio de venta del litio en distintos lugares.
Es decir: las maniobras de subfacturación no afectarían la renta minera provincial, porque solo se utiliza como base de cálculo la facturación en caso de que sea superior al precio de venta promedio. Problema de la AFIP, no de la Agencia Recaudadora de Catamarca.
Es un razonamiento de vuelo gallináceo si se consideran las proyecciones que tiene el negocio del litio.
Livent controla “Fénix”, el emprendimiento litífero pionero y decano del país, en el antofagasteño Salar del Hombre Muerto y fue Catamarca la que le abrió el espacio para incurrir en las subfacturaciones al reformular el contrato en 2017.
El Ancasti advirtió sobre este riesgo ya en aquel momento. Livent tenía el camino expedito para venderle el litio a su casa matriz a un precio menor al del mercado. Es exactamente lo que saltó el año pasado, cuando la Aduana descubrió que el litio catamarqueño se exportaba a un precio 843% inferior al del extraído de Jujuy.
Livent, de tal modo, se ajusta al modelo vampírico de las multinacionales y es el caso más arquetípico para ejemplificar lo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en su última aparición en la Plaza 25 de Mayo, cuando comparó el horizonte litífero argentino con el de Potosí y evaluó la conducta de quienes se oponen a la nacionalización del mineral como “vocación de colonia”.
Vampirismo sostenido, aparte. 2018, 2019, 2022 ¿Habrá más en 2020 y 2021? ¿Y antes? Es una empresa que entró a saco y a la que el Estado catamarqueño parece brindarle un amparo rayano con la complicidad.
En 2021, precisamente, no depositó más de 200 millones de pesos en el Fondo Fiduciario alegando que, debido a la pandemia, el negocio no había sido rentable. Tuvo que poner el erario provincial, para pagar las certificaciones de obra de dos puentes en Belén.
El argumento era falaz, porque a nivel internacional sus utilidades habían superado el 100% y el precio del litio se había disparado un 400%.
En aquel momento tal vez se lo aceptó porque no se habían confirmado las matufias de las subfacturaciones que forman parte del credo gerencial de la firma. ¿Qué le puede costar cumplir con ARCA si después distrae millonadas? En realidad, el Estado catamarqueño podría cobrarle más por la contribución que hace a sus dibujos contables.
Hay que tener en cuenta que las obras financiadas por el Fondo Fiduciario, como rutas y puentes, son aprovechadas también por la firma, que queda relevada así de desembolsar las inversiones de su propio peculio.
Más allá de las explicaciones de los funcionarios provinciales, la cuestión de fondo es que el proceder de Livent verifica el perfil de saqueo sistemático que los sectores contrarios a la minería atribuyen a la actividad en su conjunto. No han hecho un solo aporte significativo a la industrialización del litio en Catamarca o el país. Se limitan a extraer y realizar sus utilidades más suculentas en el exterior, mientras los territorios que les proveen la materia prima permanecen sumidos en la pobreza y el atraso.
Se ve que el kirchnerismo, de tan dogmático, no advirtió todavía el ejemplo que tiene tan a mano para poner en concreto sus elucubraciones teóricas.
