Tal vez haya llegado el momento de pensar en una ley o disposición reglamentaria que regule la administración de los sueldos de los empleados legislativos, sobre los que al parecer más de un legislador supone tener el derecho de solicitar contribuciones.
El diputado Javier Galán podría tratar de sacar algún provecho del entuerto judicial en el que está envuelto y lucirse con una iniciativa por el estilo, que constituiría además su primer aporte relevante a la tarea parlamentaria para la que fue elegido.
Ojalá lo haga, en aras de la transparencia. Por lo pronto ayer, al tratar de desacreditar ante la prensa las aseveraciones de la ex empleada que lo acusa por abuso sexual, retención de la mitad del sueldo e imposición de trabajos en el “Corralón San Javier”, expuso un razonamiento que bien podría servirle para fundamentar tan indispensable reglamentación.
Dijo que, así como él destina la totalidad de su dieta al auxilio de desamparados, sus colaboradores deberían estar dispuestos a resignar parte de sus emolumentos y entregársela con los mismos nobles fines, más aún si pasan a cobrar de 0 a 1.200.000 pesos, como sería el caso de esta ingrata muchacha.
Tales colaboraciones con sus acciones filantrópicas, aclaró, son “voluntarias”.
Cabría preguntarse qué margen tienen para negarse a estas y otras requisitorias más íntimas personas cuya permanencia en el puesto depende de la voluntad de legisladores en condiciones de sancionar las generosidades renuentes con cesantías. También, que Galán se abstiene de mencionar la participación económica del “voluntariado” en el asistencialismo que difunde puntillosamente por sus redes sociales.
Sin embargo, lo más es extraño que Galán no haya advertido la conveniencia de darle algún encuadre legal a su conducta en este aspecto.
Está el precedente cercano de la diputada del PRO Natalia Saseta, a la que un ex empleado denunció también por retenerle una parte del sueldo. Galán se remitió a la situación de su colega, pero en forma extemporánea y para argüir que si lo desafueran a él también tendrían que hacerlo con ella. Un gesto de caballerosidad que la legisladora seguramente agradecerá.
El caso más emblemático, sin embargo, fue el protagonizado por el extinto diputado Juan Carlos “Machete” Balverdi, figura señera del FCS a la que las discusiones con una empleada de sueldo mochado tuvieron a maltraer a fines de los ’90.
Una lástima que nadie haya puesto al corriente a Galán de estos sonados episodios. Le hubiera permitido quizás promover una norma que lo habilitara a pedir colaboraciones “voluntarias” sin peligro de transgredir el Código Penal.
Al no existir tal paraguas legal, queda expuesto a las sanciones establecidas para las “exacciones ilegales”.
Artículo 266 - Será reprimido con prisión de un (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial de uno (1) a (5) cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.
Artículo 267 - Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años.
Artículo 268 - Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.
Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.
Qué laguna jurídica se perdió de cubrir Galán. Diputados y senadores más prevenidos podrían asumir el desafío. Urge un “reglamento Machete”. Menos por la memoria del recordado pionero que por la vigencia de los sablazos.