Hallaron escritos en los baños de mujeres de la EPET de Santa María y se iniciaron actuaciones judiciales de oficio.
Los directivos de la Escuela Estanislao Maldones decidieron prohibir el ingreso de mochilas a la institución como medida preventiva ante la oleada de amenazas de supuestas balaceras que, desde la semana pasada, comenzaron a multiplicarse en gran parte de las escuelas de la provincia.
Desde la dirección del establecimiento informaron que la decisión se tomó en base a un protocolo enviado por el Ministerio de Educación provincial, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de los alumnos, “debido a las constantes amenazas de tiroteo, que ya se volvieron virales”.
Explicaron además que la prohibición “se mantendrá hasta que se logre controlar la situación y determinar quiénes son los autores de las amenazas y de los escritos en los baños”.
Señalaron también que, en el marco de las acciones preventivas, en la escuela comenzaron a brindar charlas de concientización “sobre las consecuencias legales de estos hechos, ya que constituyen un delito”.
Hasta el lunes por la tarde, oficialmente había investigaciones judiciales de oficio en cinco de las seis circunscripciones judiciales.
Ayer se conoció que la Justicia de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Santa María, también inició una investigación de oficio por amenazas registradas en la Escuela Provincial de Educación Técnica N°5 (EPET).
Autoridades de este establecimiento informaron que se detectaron mensajes intimidatorios en los baños de mujeres, por lo que se activaron los protocolos dispuestos por el Ministerio de Educación.
“Se encontraron grafitis en el baño de mujeres con mensajes intimidatorios que instaban a los alumnos a no asistir a clases este miércoles. Ante ello, pusimos en práctica el protocolo de acción enviado por el Ministerio a todas las escuelas, con fines preventivos”, indicaron. Remarcaron que “la amenaza dice básicamente que quien asista puede recibir un disparo”, y consideraron que “quien lo hizo probablemente intentó hacer una broma”.
No obstante, advirtieron que “los alumnos deben tomar conciencia de que con estas cosas no se juega, porque detrás de cada uno hay una familia que se preocupa y los envía a la escuela confiando en que serán resguardados y protegidos. Y esto es así, ya que en esta institución contamos con cámaras de vigilancia y rondas policiales”.
Finalmente, señalaron: “Pedimos a los padres que se queden tranquilos, porque siempre se adoptarán las medidas preventivas correspondientes. Estamos trabajando con charlas de concientización, porque de los errores también se aprende. Son conductas que se intentan instalar y que ya hemos enfrentado antes, y que se pueden erradicar mediante el diálogo. Las clases continuarán con normalidad y, si la intención es evitar asistir, no lo van a lograr: aquí se viene a aprender”.
La diputada provincial Natalia Herrera (Generar) cuestionó duramente al oficialismo por la falta de respuesta institucional ante las amenazas que se multiplicaron en colegios de Catamarca y varias provincias del país.
“El Ministerio de Educación eligió el silencio”, sentenció la legisladora, al remarcar la ausencia de medidas oficiales frente a la preocupación de padres, alumnos y docentes.
Herrera utilizó sus redes sociales para visibilizar la situación y apuntó directamente contra la cartera educativa provincial.
Según explicó, desde el ministerio no se dispuso “ninguna comunicación oficial, ningún protocolo de actuación, ni gestos de contención hacia la comunidad educativa” que permitan llevar tranquilidad en un contexto de creciente alarma.
También puso el foco en la salud mental de los estudiantes y cuestionó el funcionamiento actual de los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas. “Son preguntas básicas que el Gobierno provincial no responde. Y el silencio, en este contexto, también es una forma de abandono”, advirtió.
En paralelo, informó que presentaron pedidos de informe para conocer el estado de situación real en la provincia, y exigió que el Ministerio de Educación explique formalmente “qué acciones concretas se están tomando” para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad en los establecimientos.
La falta de respuestas oficiales, según Herrera, no solo agrava la incertidumbre, sino que expone a la comunidad escolar a un escenario de vulnerabilidad.
El juez de Responsabilidad Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, en diálogo con Radio Ancasti advirtió que este tipo de hechos “lejos está de ser una travesura” y que pueden derivar en consecuencias dentro del ámbito penal.
El magistrado aclaró que, por el momento, no ha tenido intervención directa en los casos, ya que se encuentran bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. “Desconozco los pormenores porque es materia de investigación. No quisiera hablar de una cuestión muy concreta y particular”, señaló.
No obstante, explicó que este tipo de conductas están siendo encuadradas en distintas provincias dentro de figuras penales como “amenazas calificadas o agravadas” e “intimidación pública”, esta última vinculada históricamente a situaciones como falsas advertencias de bomba en establecimientos educativos.
“Hay una investigación judicial y consecuencias tiene, porque estas conductas han recaído en tipos penales que están establecidos en el Código”, afirmó Morabito, al tiempo que remarcó que será la fiscalía la que determine, en base a la evidencia reunida, cómo avanzará cada caso.
El juez también hizo referencia al contexto nacional, donde episodios similares se han registrado en distintas jurisdicciones, y mencionó que situaciones recientes, como un caso ocurrido en Santa Fe, generaron temor en la comunidad educativa y motivaron la activación de protocolos de seguridad.
“Esto generó una especie de psicosis en la cual los padres han temido por la integridad de sus hijos, lo cual es lógico”, sostuvo.
En ese sentido, subrayó que la intervención judicial responde a la necesidad de investigar si se configura un delito, descartando que se trate de conductas menores.
“El asunto está lejos está de ser una cuestión que se pueda asociar a cosas de la adolescencia. Hay que ver si se trata de un reto, qué características tiene y cuál es su origen”, indicó.
Morabito también puso el foco en el impacto de las redes sociales y el acceso temprano de niños y adolescentes a dispositivos electrónicos.
Señaló que, en la actualidad, los menores acceden a celulares desde los 8 o 9 años y advirtió sobre los riesgos de exposición a contenidos violentos o peligrosos.
“Cuando uno le da un celular a un niño, le está poniendo el mundo en sus manos y el mundo no es tan bueno”, expresó. En relación con el proceso judicial, remarcó que los tiempos de la Justicia difieren de la inmediatez que muchas veces demanda la sociedad.
“No es un Facebook que va a decir ‘listo, ya está’. Hay que recolectar pruebas, respetar garantías y analizar cada caso”, explicó.
Finalmente, el magistrado sostuvo que, en caso de comprobarse la comisión de un delito, pueden aplicarse sanciones dentro del sistema penal juvenil, aunque bajo un abordaje diferenciado.
“Los niños y adolescentes son sujetos en desarrollo y no comprenden plenamente las consecuencias de sus actos ni los procesos penales”, concluyó.n
