Cuando el Gobierno nacional y el oficialismo en el Congreso defendieron la Ley de Modernización Laboral, el argumento fue el mismo que el esgrimido en anteriores experiencias similares. Según la versión oficial, flexibilizar las condiciones de contratación y abaratar el costo de emplear destrabaría la inversión, dinamizaría el empleo registrado y alentaría la creación de empresas. Cuatro meses después de su puesta en marcha, los números disponibles describen exactamente lo contrario.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, en ese lapso se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas en todo el país. El trabajo señala que ya se acumulan 13 meses consecutivos de caída del empleo privado formal, con un total de 241.200 puestos perdidos desde el cambio de gestión, en noviembre de 2023.
El deterioro, además, no es parejo. Golpea con mayor dureza a las pequeñas y medianas empresas, justamente las que más trabajadores emplean y las que, según el discurso oficial, más se beneficiarían del nuevo marco legal. Las firmas de 1 a 10 empleados registraron un recorte del 6,8%, y el 47% del total de cierres correspondió a unidades productivas de hasta 100 trabajadores.
La reforma laboral de Milei fracasó por una razón obvia: las empresas no dejan de contratar por exceso de derechos laborales, sino por falta de ventas. La reforma laboral de Milei fracasó por una razón obvia: las empresas no dejan de contratar por exceso de derechos laborales, sino por falta de ventas.
La destrucción de puestos alcanzó a casi la totalidad de las ramas, incluidas algunas de las más dinámicas, como la minería, el petróleo y la intermediación financiera. Para una provincia como Catamarca, que ha depositado buena parte de sus expectativas de desarrollo en la actividad minera, el dato no es positivo.
El fenómeno afecta a 23 de las 24 jurisdicciones del país y las provincias del Norte y de Cuyo son las más golpeadas. Neuquén aparece como la única excepción, con un saldo apenas positivo de 72 empresas, la gran mayoría vinculadas al proyecto Vaca Muerta.
A este panorama se suma otro fenómeno persistente, como es el crecimiento sostenido de la informalidad. Hoy, más de 6 millones de personas trabajan en la Argentina sin registro, sin aportes y sin cobertura social. Lo que el Gobierno presentó como un camino hacia la formalización termina empujando en sentido inverso.
El Instituto Argentina Grande, al analizar las herramientas centrales de la reforma, concluye que el aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido un incentivo suficiente para que el sector privado contrate bajo el nuevo esquema legal. Si el problema de la contratación fuera, como se sostuvo, el costo o la rigidez de las normas, la flexibilización habría producido algún efecto visible. No lo hizo, porque las empresas no dejan de contratar por exceso de derechos laborales, sino por falta de ventas.
Las reformas anteriores, que recortaron derechos de los trabajadores con la promesa de generar empleo, dejaron en evidencia que este tipo de recetas ortodoxas no funcionan. La experiencia histórica en la Argentina demuestra que el empleo se genera cuando hay demanda, producción y consumo. La única manera de incrementar el empleo, en consecuencia, es poner a funcionar la economía y reactivar el mercado interno con un mayor poder adquisitivo de los salarios.
