Otra vez existe un conflicto entre la Iglesia y los comerciantes del Complejo La Gruta por el alquiler de los locales. Ya había existido una polémica similar en 2018 cuando el Obispo Luis Urbanc...
29 de julio de 2023 - 01:10
Otra vez existe un conflicto entre la Iglesia y los comerciantes del Complejo La Gruta por el alquiler de los locales. Ya había existido una polémica similar en 2018 cuando el Obispo Luis Urbanc fue noticia por el modo en que echó a los puesteros, una actitud que no se esperaba de los representantes de la Iglesia Católica. La nueva polémica revela que es necesario el cambio de interlocutores ya que la relación entre los comerciantes y la Iglesia está marcada por aquel antecedente violento. Además, no deja de llamar la atención la decisión de la Municipalidad de la Capital de dejar a la Iglesia Católica como administradora del Complejo para usufructuar de una obra pública.
“Entiendan que tienen que rajar de acá”, fueron las palabras del máximo referente de la iglesia católica catamarqueña, a un grupo de feriantes que se encontraban en el lugar. Era marzo de 2018 cuando Urbanc ingresó a la Gruta para celebrar una misa. Allí fue que se topó con un grupo de vendedores y una vez más los insultó por su presencia. “Vengo después de cinco días y miren lo que hacen. Es la ley del prepo. Dios me los bendiga… pero que entiendan que tienen que rajar de acá”, fueron las palabras del Obispo.
Tras el polémico conflicto intervino el exintendente Raúl Jalil, quien asumió el compromiso de comenzar a construir un nuevo complejo para la relocalización de aquellos feriantes. La obra finalmente se concretó en su gestión como gobernador y ahora son 40 los comerciantes cuya fuente de trabajo depende de esa actividad, además de los puestos de trabajo que se fueron generando a lo largo de los años. En 2021, en medio de la crisis por la pandemia, lograron firmar un convenio por cinco años por la concesión de los locales, pero la sorpresa de los comerciantes fue cuando el municipio deja a la Iglesia como Administradora del Complejo, lo que implicó que el municipio se corriera de la relación con los comerciantes.
Aquel acuerdo que se había firmado con el sacerdote Daniel Pavón tenía vigencia hasta el 2026. En noviembre del año pasado el Obispado designó un nuevo administrador, el sacerdote Santiago Granillo, que ahora pretende aumentarles el alquiler. Es que en aquel contrato firmado se establece un aumento del 15% de manera semestral. Evidentemente, por la inflación, la Iglesia pretende un cambio en las condiciones del contrato y adaptarlo a las condiciones vigentes ya que las condiciones de la ley de alquileres significará mejores beneficios. Sin embargo, el vínculo de la Iglesia con los comerciantes está en crisis, marcado por la desconfianza y es por eso que se impone como necesario un nuevo interlocutor.
De todos modos, lo que expone el caso es el fuerte vínculo que el Estado continúa manteniendo con la Iglesia Católica, lo que a veces resulta grosero y hasta desprolijo frente a otras demandas más urgentes en el marco de una situación de pobreza. No sólo es el usufructo de una obra pública que demandó más de $ 200 millones, sino también la magnitud de los subsidios para el pago de servicios de luz y agua, o para el sostenimiento de las festividades propias del culto católico. Tras el reclamo de los comerciantes, ni la Iglesia ni el Gobierno expresaron alguna respuesta al planteo.
No deja de ser lógico que la Iglesia pretenda participar en la administración de un sitio religioso para custodiar su valor histórico y cultural. Sin embargo, lo recomendable sería que el Estado participe en la administración del Paseo Cultural y Religioso y pueda ser garante de un mejor vínculo con los comerciantes.
