La desaparición del niño Loan Peña generó los más variados debates, y también reactualizó la preocupación por el flagelo de la trata de personas. Precisamente es esa una de las hipótesis que maneja la investigación policial y judicial, muy desprolija e ineficaz hasta el momento.
El próximo 30 de julio se conmemora el Día Internacional de lucha contra la Trata de Personas. Y en el marco de esa conmemoración y de los días angustiantes e intensos que se viven en la Argentina por el caso de Corrientes, pero también por otros menos mediáticos pero igual de preocupantes, la Iglesia católica emitió un documento. Lo hizo a través de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que expresó su “preocupación sobre la actualidad de este crimen que viola la dignidad y los Derechos Humanos”.
“Con todo el pueblo argentino, manifestamos nuestro dolor y preocupación por la desaparición de Loan y de otros niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos sumidos en situaciones de empobrecimiento y vulneración de derechos” –se lee en el escrito-. “Cuando son niños y niñas quienes desaparecen ante nuestros ojos a causa de este flagelo la herida nos duele hasta el infinito”, señala.
Otro de los puntos remarcados por la Conferencia Episcopal es acerca del imprescindible compromiso del Estado en el combate al delito de la trata de personas. “Queremos afirmar la necesidad de un Estado activo en el combate del delito de trata de personas, con diseño, planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas de prevención. Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia. Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas”, manifiesta el documento.
Imposible no vincular la reflexión con el desfinanciamiento de las políticas públicas sobre esta problemática y el vaciamiento de las estructuras estatales desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en los primeros cuatro mese de este años, “el programa de rescate y acompañamiento a víctimas de trata ejecutó casi un 90% menos” que en 2023.
Por su parte, la Fundación La Alameda también alertó sobre los despidos en las provincias en áreas claves como la Subsecretaría de Políticas Familiares (SENAF), el Programa de Rescate, en centros de desarrollo regional y advirtió sobre la paralización y suspensión de los programas de restitución de derechos para el acompañamiento y protección a las sobrevivientes de trata de personas. También informó sobre el despido de personal de áreas claves como Programa de Rescate y de la línea 145, llevándolo al 50 por ciento de su capacidad operativa.
La conmoción social que el caso Loan genera debería ser un impulso para la restitución de las políticas públicas para prevenir este tipo de delitos, combatirlos y contener a sus víctimas. La posición de la Conferencia Episcopal apuntala este desafío imprescindible.
