La medida, dispuesta por el gobierno nacional, de segmentar las tarifas de energía eléctrica y gas natural para que reciban subsidios quienes lo necesiten y dejen de recibirlos aquellos que tienen ingresos altos, es, en términos generales, acertada. En un análisis anterior realizado en esta misma columna, se anticipaba, sin embargo, que los requisitos señalados para dividir las categorías podían ser objetos de discusión. Precisamente un estudio sobre equidad y servicios públicos elaborado por el CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Equidad) y difundido esta semana, señala que el esquema implementado no refleja el ingreso real de los grupos familiares, por lo que sería necesario incorporar algunas correcciones.
El informe advierte que los criterios establecidos por el gobierno nacional no tienen en cuenta “deducciones propias de la situación socioeconómica del grupo familiar”. El CEPIS, a partir de las conclusiones a las que arribó el trabajo, presentó una propuesta de modificación del esquema a las autoridades de la Secretaría de Energía, con el propósito de corregir lo que juzga inequidades que podrían incluso dar origen a planteos judiciales.
La propuesta plantea, para determinar los ingresos reales de cada hogar, la aplicación de deducciones “en forma semejante a la deducción sobre los ingresos reconocida en la ley de impuesto a las ganancias para personas en relación de dependencia”. A modo de ejemplo, señala que con la actual segmentación “no existe discriminación alguna entre propietarios e inquilinos; y entre los propietarios, entre quienes deben afrontar una cuota hipotecaria y aquellas personas que no se encuentran endeudadas en razón de su vivienda”.
De modo que propone aplicar deducciones como el valor del alquiler, de la cuota del crédito hipotecario, de sumas abonadas a obras sociales o medicina prepaga, de montos aportados a fondos de jubilaciones o pensiones, entre otras.
En otro tramo de la nota el CEPIS advierte que “la discusión sobre la segmentación debió haberse llevado a cabo luego de discutir sobre la remuneracion que reciben las empresas de energía --productoras de gas o generadoras de electricidad-- que, sin dudas, han sido y siguen siendo las grandes beneficiarias al exhibir cuantiosas ganancias y balances superavitarios”.
La mirada sobre el tema del CEPIS parece atinada y se enmarca, además, en criterios que el Estado ya viene aplicando. Las modificaciones propuestas están a tiempo de introducirse porque el régimen de segmentación de tarifas, que se puso en marcha apurado por las difíciles circunstancias económicas, es aun permeable a cambios que perfeccionen el régimen.
La equidad en la determinación de los grupos que pueden tener o no subsidio energético y de los montos que deberán pagar en función de sus ingresos reales, le otorgará al esquema una legitimidad que, por ahora, puede ser cuestionada, incluso judicialmente.
