El hambre cero, la meta N° 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas, promueve terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el año 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año.
La meta está lejos de cumplirse. Si ya era difícil de lograr en 2020, diez años antes de la fecha tope, la irrupción de la pandemia ese año significó un retroceso considerable. En la actualidad hay alrededor de 828 millones de personas en el mundo que se levantan cada día sin tener alimento que comer. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) considera que para 2030 el 8% de la población mundial aún padecerá hambre.
La distribución de las personas que se encuentran en esa situación no es aleatoria. La gran mayoría de las personas que sufren de hambre viven en los países subdesarrollados. La desigualdad, que se manifiesta entre países y también hacia adentro de ellos, entre clases sociales, es la causa principal del hambre en el mundo. No es que no existan los alimentos necesarios para abastecer a los 8.000 millones de personas que habitan el planeta, sino que están mal distribuidos, como la riqueza y el ingreso.
Uno de cuatro niños en el mundo sufre de retraso en el crecimiento. En los países subdesarrollados, la proporción puede elevarse a uno de cada tres. Además, 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo, 23 millones solo en África.
El fenómeno, que implica un verdadero escándalo para la humanidad, solo puede resolverse a través de políticas globales que propendan a una distribución más equitativa de los recursos.
Ayer, precisamente, finalizó en Chile la II Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y X Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. El evento convoca a más de 200 legisladores de la región y del mundo que compartieron sus experiencias, conocimientos y mejores prácticas en la búsqueda de soluciones efectivas para la erradicación del hambre.
Desde su primera edición, en el año 2009, se han generado más de 80 leyes destinadas a la transformación alimentaria en la región en temas como alimentación escolar, agricultura familiar, reducción y pérdidas de desperdicios de alimentos, entre otros.
El esfuerzo, aunque muy positivo y valorable, no alcanza si no existe una decisión política compartida además por los gobiernos de todas las naciones, en particular los de los países más ricos del planeta, que son además los que gravitan más en el concierto internacional.
Restan aún más de seis años para el año fijado como meta para lograr el hambre cero. Se debe trabajar con ahínco y coordinadamente para que se cumpla ese año o los inmediatamente posteriores, promoviendo políticas que tiendan a reducir drásticamente las desigualdades existentes.