Al borde del plazo para que caducase, y luego de un sinfín de reclamos que partieron desde...
21 de julio de 2022 - 00:40
Al borde del plazo para que caducase, y luego de un sinfín de reclamos que partieron desde distintos sectores, finalmente el Gobierno nacional tomó la decisión de extender la moratoria previsional, que beneficiaría a más de 1,5 millones de personas en edad de jubilarse y que no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley para acceder al beneficio. Lo hizo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia porque la moratoria actualmente en vigencia vence el 23 de julio y la ley de extensión tiene media sanción del Senado pero no tiene fecha de tratamiento en la Cámara de Diputados.
Con este DNU, las personas próximas a cumplir la edad jubilatoria podrán efectivizar los aportes correspondientes a los períodos anteriores a diciembre de 2008 y marzo de 2012 a través de dos mecanismos, la Unidad de Pago y la Unidad de Cancelación de Aportes. La ANSES descontará esas cuotas del haber jubilatorio que se obtenga.
Según las cifras difundidas oficialmente, 906.876 mujeres y hombres tienen aportes, pero no alcanzan a llegar a los 30 años requeridos, y 680.724 directamente no tienen aporte alguno. Una mirada superficial presupone como inequitativa esta medida, en tanto le facilita el acceso a la jubilación a personas que han hecho menos aportes que los que sí cumplen con los 30 años –en algunos casos bastantes más-. Pero debe entenderse que la gran mayoría de este segmento de la población que ahora pretende acceder a la moratoria no tiene los aportes necesarios porque haya trabajado menos que los que sí los poseen, sino que durante gran parte de su vida laboral –o toda su vida laboral- la desarrolló como trabajo no registrado, lo que comúnmente se conoce como “trabajo en negro”. Es decir, en condiciones de informalidad y precariedad en el que se le negaron beneficios tales como los aportes jubilatorios y acceso a obra social. Los que incumplieron con la ley no fueron estos trabajadores sino los empleadores.
En la Argentina, aproximadamente trabajan en la informalidad siete millones de personas, que muy probablemente no podrán lograr los años de aportes necesarios cuando lleguen a la edad jubilatoria: 65 años los varones y 60 las mujeres.
De todos modos, aunque implique un acto de reparación, no se puede obviar el hecho de que tiene un costo fiscal alto en un contexto se severa crisis económica en donde existen compromisos de achicamiento del déficit fiscal. Y una medida de esta naturaleza impactaría negativamente en las pretensiones de sanear las cuentas públicas, acordadas además con el Fondo Monetario Internacional.
Este gobierno y los que vengan en el futuro deberán procurar encontrar un delicado equilibrio: el de promover la equidad social sin que medidas de esta naturaleza impliquen gastos imposibles de afrontar para el erario público. El desafío requiere de creatividad y, fundamentalmente, de un gran acuerdo político que en la Argentina parece estar muy lejos.n
