Impugnaciones. Hasta ahora entraron dos impugnaciones contra la diputada reelecta Natalia Saseta.
La Cámara de Diputados deberá analizar el jueves al menos dos impugnaciones que ingresaron en contra de los títulos de la reelecta diputada Natalia Saseta, sobre quien pesa un pedido de desafuero a raíz de una causa penal que se le inició por, supuestamente, exigirle a un empleado parte del sueldo a cambio de mantenerlo en el puesto.
Aunque por razones que no tienen que ver con la evaluación de su situación judicial, es probable que Saseta, que pertenece al PRO, sea salvada por el oficialismo. Pasa que quien debería asumir en su lugar es Lila Stela Sosa, también electa por Juntos por el Cambio pero enfilada con el peronista disidente Hugo Daniel “Grillo” Ávila, excandidato a vicegobernador, a quien los peronistas se resisten a darle una banca adicional para el período que viene.
Aparte de arrebatarle ese gusto al “Grillo”, el oficialismo tendría a disposición el voto de Saseta para cualquier eventualidad, ya que su labor como opositora quedaría muy condicionada por el pedido de desafuero: a la primera de cambio, la dejan sin escaño.
Tras la primera impugnación, Saseta informó que había realizado una presentación en la Corte de Justicia porque no fue bien notificada con respecto al desafuero que solicitó el juez de Control de Garantías, Marcelo Sago.
Según explicó en la nota, que se leyó al cuerpo en el punto “Comunicaciones” de la última sesión, la Corte "hizo lugar a la nulidad de la notificación”.
"En consecuencia –advirtió- es necesario que se arbitren los medios para tomar una decisión en términos prudentes a los fines de no vulnerar los derechos que me asisten".
Se trata en realidad de facilitarle a los miembros de la comisión de Poderes que analizarán sus títulos argumentos para contrastar los que se vierten en las impugnaciones. La diputada está bien asesorada.
La primera oposición a que Saseta asuma su segundo mandato fue realizada por Franco David Quinteros, quien pidió que se rechacen sus títulos porque "con sus fueros se cansó de eludir a la Justicia".
"Saseta pretende seguir ocupando la banca al solo efecto de sostener sus fueros y eludir el pedido de desafuero del fiscal Facundo Barros Jorrat, quien consideró que hay evidencia judicial del delito", consideró.
Quinteros recordó los pormenores de la causa contra Saseta, que se inició con una denuncia el 12 de noviembre de 2020, cuando un exempleado suyo la denunció por extorsión y amenazas, al asegurar que durante el tiempo que trabajó en la Legislatura le exigía que le diera parte de su sueldo.
"En algunas oportunidades le entregaba el dinero personalmente y en otras le transfería a su cuenta personal", señaló Quinteros.
Saseta se justificó con el argumento de que el dinero se utilizaba para solventar gastos del PRO, pero las transferencias fueron a su cuenta personal, no la del partido.
Cristian Alberto Condorí interpuso la segunda la presentación, en la que pide a los diputados que "rechacen la incorporación de la ciudadana Natalia Elizabeth Saseta para asumir el cargo de diputada porque su desenvolvimiento como persona está teñido de impunidad y apego a sus fueros para eludir la justicia y evitar ser juzgada por la imputación que le pesa en una causa por delitos de extorsión y amenazas".
A criterio de Condorí, "esta situación contraviene el orden institucional y reclama una sanción ejemplificadora, no solo a favor del señor Gustavo Acosta (denunciante en la causa), sino para toda la sociedad que ve con preocupación que la Cámara de Diputados podría convertirse en un aguantadero".
"El juez y el fiscal entienden que debe perder los fueros y someterse a la Justicia como cualquier hijo de vecino, de lo contrario acentúa mucho la desproporcionalidad entre un miembro de esta Cámara y un ciudadano común", concluyó Condorí.
Saseta tendría el voto de los peronistas y de su compañero de bancada, Enrique Cesarini. Suficiente para zafar.
¿Qué harán los radicales y los promotores de la ley Ficha Limpia?
La iniciativa, que establece limitaciones para el ejercicio de la función pública a personas con problemas judiciales, recibió media sanción unánime de la Cámara baja en julio del año pasado. Con el voto de Saseta incluido.
