Un acuerdo necesario que cambia la intervención política

A dos años de gestión, Alberto Fernández recién obtiene aquello que se había propuesto alcanzar el abril de 2020. Su logro es opuesto a lo que Cristina Fernández sostenía en el mismo momento.

En febrero de aquel año, el Presidente argentino declaraba que su gobierno no tenía un plan económico. O mejor: que lo tenía oculto porque su principal condicionante era la deuda externa que estaba en negociación. La vicepresidenta estaba en Cuba por razones familiares y desde allí expuso en una disertación pública una visión distinta: la deuda externa era en todo ilegítima. Una maniobra de fuga de capitales perpetrada ilegalmente por el gobierno de Macri y los funcionarios del Fondo, en un país sin desequilibrios económicos que justificaran recurrir a un nuevo endeudamiento. Cristina pedía juicio y castigo para los que pergeñaron el empréstito, una reprogramación a 20 años de los vencimientos y la condonación de sobretasas por el volumen del crédito. Más una reforma integral del sistema financiero global.

Conviene recordar el contexto: la palabra coronavirus era una novedad incipiente que asomaba en el mercado chino de Wuhan. Tan desconocida que el entonces presidente norteamericano Donald Trump ya celebraba por anticipado su reelección y el gobierno argentino hacía un largo rodeo para evitarlo como interlocutor privilegiado entre las potencias mandantes del FMI. Alberto Fernández comenzó su gestión por la deuda con diálogos bilaterales con los jefes de gobierno de España, Alemania y Francia. El Presidente suele recordar con gesto azorado la sobremesa en la que Ángela Merkel le avisó que lo que se venía era una pandemia global de efectos imprevisibles.

Condicionado por la presión de Cristina, el Gobierno nacional decidió dar un primer viraje estratégico. Joseph Stiglitz le recomendó invertir las prioridades: acordar primero con los acreedores privados -a un ritmo más bien cansino-, y dejar para el final el FMI. Porque con la pandemia había llegado la crisis final del capitalismo y asomaba un clima de moratoria global y condonación de deudas.

Podía fallar, hubiese dicho el mago. En ese caso, el plan enigmático u oculto terminaría siendo escrito por el ganador de la apuesta.

Así fue. Tras la pandemia, el sistema financiero capitalista salió incluso más fortalecido que la gobernanza política global. El presidente Fernández anunció el viernes que recibió el primer borrador acordado del plan escrito por el FMI. Es el clásico acuerdo de facilidades extendidas, con un ajuste intenso de las cuentas públicas, un enfoque especialmente monetario de las medidas contra la inflación y un monitoreo trimestral de los avances comprometidos.

“La única novedad en relación a lo que se esperaba a finales del gobierno de Macri es que el nuevo programa será presentado por el Gobierno a su público interno como una solución argentina a los problemas argentinos. El FMI define el producto. Como cortesía, puede ceder el packaging”, se dijo en esta columna en febrero de 2020.

El discurso oficial intenta ahora eludir las dos palabras malditas del acuerdo alcanzado: ajuste y devaluación. Como si el antiplan aplicado por Fernández mientras eludía al Fondo no hubiese provocado, mediante una inflación descontrolada, un ajuste en la mesa de los argentinos y una depreciación acelerada de su moneda.

El Presidente se enfrenta en el corto plazo con dos dificultades adicionales. La más evidente es la disrupción con su vice. Consciente de las dificultades políticas que se vienen, Lula Da Silva salió a apoyar en público a Alberto Fernández. Cristina estiró su silencio. Como si dudara en categorizar el acuerdo entre los desendeudamientos virtuosos al estilo Néstor Kirchner, o entre los frágiles y terminales al estilo del blindaje y el megacanje.

La vacilación es comprensible. En términos políticos, el monitoreo trimestral de las cuentas públicas por el FMI es un cambio significativo en la intervención sobre el Ejecutivo que Cristina Kirchner venía ejecutando con holganza desde su jefatura política.

La principal oposición reaccionó con cautela por motivos distintos. La reprogramación de vencimientos sobre el futuro período de gobierno reajusta también sus expectativas celebratorias. Su posición en el Congreso no será del todo incómoda. Terminó el "plan Sarasa" porque apareció el del Fondo. Y no habrá ningún plan plurianual para aprobar, sino un nuevo empréstito que tendrá que defender primero en el recinto el bloque que conduce Máximo Kirchner.

Pero el problema será otro y peor: la realidad para el que gobierne desde 2023.