JUAN C. SÁNCHEZ ARNAU. DIPLOMÁTICO Y ECONOMISTA. EXEMBAJADOR EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA
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Ucrania-Rusia: origen del conflicto
Comencemos por señalar que en diciembre de 1994, cuatro años después de la implosión de la Unión Soviética, el Gobierno ruso presidido por Boris Yeltsin firmó, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, el Memorándum de Budapest, por el que estos países “reafirmaron su compromiso de respetar la independencia y la soberanía, y las fronteras existentes de Ucrania… y reafirmaron su obligación de abstenerse de amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania, excepto en defensa propia o en otra forma establecida por la Carta de las Naciones Unidas”. Al mismo tiempo, Ucrania se comprometió a unirse al Tratado sobre la “no proliferación de armas nucleares”. A partir de allí, Ucrania cedió a la Federación de Rusia la totalidad del importante armamento nuclear y misilístico de la URSS que había quedado depositado en su territorio. De este modo también quedaron suspendidos, aunque continuaron tiempo más adelante, los conflictos entre Rusia y Ucrania relacionados con la provisión de gas y la tarifa preferencial aplicada al gas vendido a Ucrania y los cánones por el paso del gas ruso a través de los gasoductos que atraviesan el suelo ucraniano para alimentar luego la red de los principales países centro-europeos y particularmente de Alemania.
Sin embargo, el actual conflicto ruso-ucraniano, no está vinculado a esa ya antigua controversia entre ambos países, sino que es una etapa más de un largo proceso que comenzó cuando Estados Unidos trató de integrar a la República de Georgia a la NATO. El Gobierno ruso sintió que así se ponía en peligro su seguridad en el flanco sur y optó por reactivar un conflicto interno entre “clanes georgianos” que finalizó en 2008 con una guerra de cinco días entre Rusia y el pequeño país de Asia Central y el posterior desprendimiento de dos territorios que formaban parte de la República de Georgia: Abjasia del Sur y Osetia. Hoy repúblicas “independientes” que cuentan con la presencia de fuerzas rusas enviadas allí como “pacificadores” de aquel conflicto.
La segunda etapa se inició en noviembre de 2013 cuando el Presidente pro-ruso de Ucrania, S. Yanúkovich, suspendió la negociación de un acuerdo de libre comercio y posterior accesión a la Unión Europea. Esto originó una revuelta popular que terminó en febrero de 2014 con la caída de Yanúkovich. El conflicto puso de manifiesto la división del país entre las poblaciones de origen ruso y ruso-parlantes y el resto de los ucranianos. Este conflicto se agravó un mes después en Crimea y en la ciudad de Sebastopol, que se levantaron contra el gobierno de Kiev. Recordemos que Crimea había sido cedida a la República Socialista Soviética de Ucrania por Nikita Kruschev (que era ucraniano) después de la muerte de Stalin, para mejorar la imagen soviética en ese país, que había sido víctima de la terrible represión stalinista de 1931/33 a raíz de la oposición del campesinado ucraniano a aceptar la colectivización de la tierra. El conflicto en la Región Autónoma de Crimea terminó con un referéndum cuyo resultado fue el desprendimiento de esta región de Ucrania, que así volvió a formar parte del territorio ruso. El paso siguiente fue la construcción en tiempo record del puente de Kertsh en la desembocadura del mar de Azov. Con sus 19 km de largo une desde marzo de 2018 el territorio de Rusia con el de Crimea. Poco después, un conflicto entre una flotilla ucraniana y barcos de guerra rusos, pusieron de manifiesto la intención de Rusia de controlar el paso que une el Mar de Azov con el mar Negro y de este modo el tráfico desde y hacia los puertos ucranianos de Mariúpol y Berdyansk, de donde sale buena parte de las exportaciones de acero y minerales de Ucrania.
Por otra parte, los disturbios de 2014 tuvieron su expresión más violenta en la región del Donbass, al este de Ucrania y en la frontera con la Federación de Rusia, donde la mayoría de la población de origen ruso se levantó contra Kiev pidiendo su autonomía. Esto originó duros enfrentamientos armados con la población local de origen ucraniano. En esos enfrentamientos tomaron parte grupos de “voluntarios” rusos que ayudaron a consolidar la posición militar de las autoridades locales y se enfrentaron con el Ejército ucraniano, que fue derrotado después de varios meses de cruentos combates. Esto dio lugar a la consolidación de dos enclaves “pro-rusos”, Donetsk y Lugansk. La gravedad del conflicto llevó a una negociación entre Ucrania, Rusia y la Organización Europea de Seguridad y Cooperación (OSCE) que dio origen al Protocolo de Misk I, que estableció el cese del fuego y creó una zona desmilitarizada, pero que fue rápidamente superado por nuevos enfrentamientos armados. A partir de allí se generó una nueva negociación con la participación de Francia, Alemania y Belarús, más Ucrania y representantes de las dos nuevas “repúblicas”, que se concretó en el Acuerdo de Minsk II que estableció el alto del fuego sobre la base de una línea actualmente vigente en la región del Donbass, la concesión de un status especial a las dos regiones involucradas y el retiro de tropas y armamento ruso. Sin embargo, este acuerdo no consiguió el cese de las hostilidades y tras una serie de graves enfrentamientos militares se llegó a un nuevo cese del fuego y a una negociación con la participación de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania que se concretó en febrero de 2015 con la firma del Acuerdo de Minsk II. El acuerdo preveía la autonomía de las dos regiones citadas y la realización de elecciones libres para decidir sobre su futuro. Posteriormente fue ratificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no fue suficiente para impedir las marcadas diferencias de interpretación entre las partes involucradas.
La siguiente etapa de este proceso comienza con la elección de Volodímir Zelinski como nuevo Presidente de Ucrania y sus declaraciones en junio del año pasado de que su país será miembro de la OTAN. Según Zelinski, habría recibido seguridades de los países miembros de que se iniciaría el proceso de adhesión siguiendo el procedimiento establecido para esos casos. Para la concepción rusa de su seguridad, esto resulta inaceptable. Por esa razón desde que Estados Unidos y otros países “occidentales” aplicaron sanciones a Rusia por la anexión de Crimea y mucho más desde las declaraciones de Zelinski, el Gobierno ruso comenzó la preparación de un gran operativo que podríamos caracterizar por cuatro pasos: preparación de un despliegue militar y naval sin precedentes, consolidación de reservas bancarias y de un “fondo anticíclico” que hoy sumarían el equivalente de 631.000 millones de dólares, la adopción de un conjunto de medidas dirigidas a protegerse de nuevas sanciones, y un acercamiento con China que le permita eventualmente contar con respaldo político y económico en el Este.
A partir de allí, el presidente Putin inició un proceso de amenazas de intervención armada en Ucrania, alternadas con la aceptación de procesos de negociación que se han ido interrumpiendo uno tras otro, para dar finalmente lugar a la entrada de las fuerzas del Ejército Ruso en territorio Ucraniano. Al mismo tiempo, Moscú ha reconocido a las dos repúblicas separatistas: Donetsk y Lugansk y autorizó al ejército ruso a entrar en ambas a los efectos de proteger a la población local de las “agresiones del ejército ucraniano”.
Como puede observarse, hay un patrón de conducta evidente de parte de Rusia: ante cada acto o anuncio que es interpretado por su gobierno como una amenaza a su seguridad, responde con acciones, mediante el uso de la fuerza o de mecanismos considerados ajenos al derecho internacional, que terminan con la “recuperación” de regiones generalmente habitadas por poblaciones de origen ruso o que han estado tradicionalmente bajo su esfera de influencia.
La guerra
Al momento de escribirse estas líneas, la mayor parte de Ucrania y algunas grandes ciudades han sido ocupadas o están rodeadas por el ejército ruso, los aeropuertos han sido destruidos y la resistencia del gobierno y el ejército ucraniano parece concentrarse en Kiev. En medio de la desinformación normal de todo conflicto armado, existe la impresión de que la resistencia ucraniana ha sido mayor a la esperada y que el ejército ruso no ha recibido aún la orden de embestir la capital, para evitar así una batalla que podrían generar muchas bajas, especialmente entre la población civil de una ciudad de casi 3 millones de habitantes, muchos de los cuales parecen decididos a resistir con los medios a su alcance a un ejército profesional que, en otras ocasiones (la batalla por Grozni en Chechenia) no ha dudo en arrasar una ciudad bajo el fuego de su artillería (hoy perfeccionada por el uso de misiles de corto y medio alcance y alto grado de precisión). Al mismo tiempo, el Gobierno ruso y en particular Putin han estado enviando mensajes contradictorios al Gobierno ucraniano. Por una parte, anuncian la disposición a reanudar las negociaciones siguiendo el “modelo de Minsk” y, por otra, piden al ejército ucraniano que deponga al presidente Zelinski por ser parte de “una banda de drogadictos y neonazis”, dado que a los militares les sería más fácil “entenderse conmigo”, según sugiere Putin. En el interín, Zelinski ha llamado a la población civil a armarse y resistir el embate ruso pero, a la vez, declara su decisión de aceptar el llamado a la negociación e incluso a aceptar la “neutralidad de Ucrania”.
Del lado “occidental”, es decir la OTAN y en particular los Estados Unidos, hasta aquí solo se han conocido una serie de represalias económicas aplicadas, a algunas instituciones financieras importantes, a los principales dirigentes políticos y militares rusos y a diversos miembros de la nueva “Nomenklatura” rusa. También se le impide a Rusia tomar nueva deuda o renegociar la existente en los mercados occidentales de capitales. En todo caso, ya sea por la aplicación de esas sanciones o por el pánico generado por la posibilidad de un conflicto armado que involucre a Rusia, la caída de valor de las empresas que cotizan en la Bolsa de Moscú ha sido superior al 25% en pocos días. Mientras tanto, el Canciller alemán ha anunciado la suspensión temporaria de la concesión del acuerdo para el gasoducto Nord Stream 2 que atraviesa el Mar Báltico y que está llamado a independizar la provisión de gas ruso a Alemania (40% de su consumo) de los gasoductos que pasan bajo el suelo de Ucrania.
Sin embargo, resulta muy claro que, hasta aquí, los miembros de la OTAN no van a intervenir militarmente en Ucrania (no tienen ninguna obligación dado que no es miembro), aunque es muy probable que estén enviando armas y otros elementos en apoyo a la resistencia ucraniana.
En este punto cabe señalar que estamos ante el primer gran conflicto entre la Federación de Rusia y la OTAN desde la implosión de la URSS, con el agravante de que es un conflicto en suelo europeo y que la presencia militar rusa se ha materializado también en el territorio de su aliado Belarus, amenazando de este modo a sus vecinos, Polonia, Letonia y Lituania. En este último país, así como en la vecina Estonia, aproximadamente un cuarto de la población es de origen ruso. Por ello y como forma de prevenir los riesgos de una invasión desde Rusia o Belarús a esos países, Estados Unidos ha comenzado el envío a Estonia de algunas fuerzas de infantería y aviación de combate estacionadas en otros países de la OTAN. Los ministros de Defensa de Suecia y Noruega han hecho declaraciones que podrían ser interpretadas que, ante la situación que se está creando, podrían abandonar su neutralidad, lo que ha sido contestado con duras amenazas de parte de los dirigentes rusos.
Sin embargo, toda acción genera una reacción. Y el ataque ruso a Ucrania ha puesto en marcha los mecanismos de la OTAN para hacer frente a situaciones de este tipo. Y hecho novedoso, Finlandia y Suecia fueron invitadas a participar en la reunión del Consejo de la OTAN el viernes pasado para considerar la situación creada en Ucrania y las amenazas a los restantes países de la región. De aquí, posiblemente surjan dos reacciones: a) el fortalecimiento de todos los mecanismos militares de la OTAN, comenzando por los de intervención rápida e incluyendo la participación de las fuerzas armadas de Alemania; y ) la aceleración del proceso de constitución de una capacidad de intervención militar estrictamente europea, al margen de la OTAN y ante la eventualidad de que los Estados Unidos mantengan la política declarada por el presidente Biden de no intervención allí donde no estén afectados directamente los intereses de los Estados Unidos, y materializados con el acelerado y criticado (por la oposición del Partido Republicano) de los cuerpos militares que aún quedaban en Afganistán. Y este pasa a ser justamente uno de los grandes interrogantes del futuro próximo: ¿Estados Unidos se va a mantener militarmente al margen de esta situación si el conflicto se agrava?