El Bloque de Diputados de la UCR orgánica expresó su repudio a la política de expansión del juego impulsada por la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial con el aval del Gobierno provincial. Los legisladores denunciaron una contradicción entre el discurso del gobernador Raúl Jalil sobre cuidar el bolsillo de los catamarqueños y una administración que "facilita un crecimiento indiscriminado de la oferta de apuestas que termina por castigar a los sectores más vulnerables".
La iniciativa cuestiona específicamente la apertura de cinco sorteos diarios de quiniela, la modalidad quiniela exprés, que delega parte de la operación a una empresa foránea, y la habilitación de alrededor de 400 máquinas de videolotería funcionando 24 horas. Los radicales consideraron que estas medidas "configuran una política pública que prioriza la recaudación por sobre la protección social y la salud pública".
El bloque radical denunció que el acuerdo por el juego electrónico deja a la provincia con "una porción reducida de la renta del negocio (alrededor del 32%), mientras que el resto queda en manos del Instituto de Loterías y el permisionario vinculado a la provincia de Misiones". Esta decisión, según los legisladores, implica "entregar parte de la soberanía del juego a intereses externos" en un contexto de familias con salarios congelados y aumentos de tarifas.
"Es hipócrita decir que se cuida el bolsillo mientras se multiplica la oferta de juego montada sobre la desesperación de la gente. El Gobierno de Jalil convierte la necesidad en una oportunidad de negocio y deja a las familias pagando la cuenta", manifestó el bloque radical a este medio.
Los diputados fundamentaron su posición en el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud de la ludopatía como un problema de salud. Sostuvieron que "la evidencia internacional muestra que la multiplicación de sorteos y la instalación masiva de máquinas de apuesta incrementan la probabilidad de adicción y generan daños sociales y económicos que suelen recaer sobre los hogares más precarizados".
El proyecto de resolución solicita al Ministerio de Hacienda y Obras Públicas un informe detallado que incluya cantidad y frecuencia de sorteos, número y ubicación de las máquinas habilitadas, criterios empleados para la expansión, estimación de ingresos y destino de fondos, además de estudios sobre impacto en la salud pública y sectores vulnerables.
El bloque concluyó exigiendo coherencia al Gobierno: "Si realmente se pretende aliviar a los trabajadores y a las familias, el Gobierno debe dejar de usar el juego como caja fácil y avanzar en políticas serias de recomposición salarial, control tarifario y protección social".
