lunes 23 de enero de 2023

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Caso Alicia González

"Tras una muerte sospechosa, la autopsia es una prueba esencial"

Se leyeron los fundamentos de la absolución del médico Barrionuevo López, acusado de mala praxis.

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El pasado 16 de noviembre en el Juzgado Correccional de Tercera Nominación, el médico Martín Barrionuevo López fue absuelto. Había llegado con la imputación de “homicidio culposo”. Familiares de Alicia González, mujer fallecida en 2016, lo habían acusado por mala praxis médica al considerar que fue el culpable de su fallecimiento.

El 5 de octubre de 2016, Alicia González fue internada en el Instituto de la Comunidad para una cirugía de quiste de ovario, que se realizó por videolaparoscopia. Al día siguiente fue dada de alta. Fue internada nuevamente por dolor abdominal e hipertensión, entre otros síntomas. Según la instrucción, Barrionuevo López realizó una nueva videolaparoscopia en la que se detectó que tenía una perforación en el intestino delgado. Realizó una resección de la parte afectada. La mujer quedó internada. El 15 fue derivada a Córdoba, donde falleció el 28 de octubre.

Luego de seis años, se concretó el debate oral y público. El fiscal Víctor Figueroa había mantenido la acusación y solicitó una pena de dos años y seis meses de prisión. Por su parte, la abogada de la querella, Natalia Páez Vaca, pidió una pena de cinco años -el máximo- y que indemnice a la familia por $19.000.000. En tanto que el abogado del foro local Carlos Rosales Vera, quien lo asistió en la defensa, había planteado la absolución. El juez Correccional Javier Herrera absolvió al médico.

Ayer en la sala de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación se realizó la audiencia de lectura de fundamentos. El Ancasti tuvo acceso a éstos. De acuerdo con las pruebas producidas, el magistrado consideró que las pruebas producidas a lo largo del debate, tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella, no son suficientes para arribar a la certeza requerida para emitir una sentencia condenatoria.

“El Ministerio Público Fiscal trajo al debate su teoría del caso apoyada en elementos probatorios insuficientes que no le permitieron avanzar más allá del mero estado de probabilidad que habilitaba la elevación de la causa a juicio; dejando de lado y omitiendo ofrecer prueba que seguramente habría gravitado en la resolución del caso. El titular de la acción penal solicitó la apertura del debate pretendiendo valerse de un solo testimonio, el de Antonio Armando Moreira –pareja de González-, y lo acompañó con la solicitud de incorporación de prueba documental, dejando de lado la esencia del juicio oral, público y contradictorio, casi como si el debate se tratarse de una mera ratificación de una investigación penal preparatoria lenta, defectuosa e incompleta”, detalló.

Si bien la querella ofreció otros testigos, durante el debate procedió con falencias y con un “desorganizado interrogatorio guiado hacia circunstancias o espacios de tiempo que no son la materia de acusación”. “El proceso penal se encuentra gobernado por el principio de congruencia, del cual deriva la necesidad de una estricta correlación entre acusación, prueba y sentencia.

Así, el Estado perdió la oportunidad de poder explicarle a la familia Moreira qué es lo que realmente sucedió con Estela Alicia González, y de esta manera menguar un dolor que es entendible, pero insuficiente para tapar la impericia estatal”, advirtió.

Para el juez Correccional hubo orfandad probatoria. La producción de prueba solo se limitó al secuestro tardío de la historia clínica de la paciente del Instituto Médico de la Comunidad, la obtención de dos informes meramente descriptivos del Cuerpo Interdisciplinario Forense y una pericia médica que no es para nada concluyente sobre la responsabilidad del médico.

En este contexto, el magistrado valoró la ausencia de un examen corporal post mortem o autopsia y su incidencia en la indeterminación del nexo causal entre la inconducta que se le acusa al médico y el fallecimiento de la mujer como así también la ausencia de estudios anatomopatológicos sobre el trozo de intestino extirpado a Estela Alicia González en la segunda intervención quirúrgica, entre otras cuestiones. “Las únicas constancias documentales que acreditan la muerte de Estela Alicia González están glosadas en la Historia Clínica del Hospital Italiano de la provincia de Córdoba. También, el expediente de constitución de querellante particular y actor civil se incorporó el acta de defunción expedida en la ciudad de Córdoba, en la cual se indica como causa de muerte shock cardiogénico irreversible, lo que no es otra cosa que el defectuoso bombeo del corazón que termina en la muerte del paciente”, remarcó.

Ante esta prueba, el juez Herrera sostuvo que le asiste razón a la defensa del imputado y al tercero civilmente demandado, respecto a que resultaba necesaria la realización de un exhaustivo examen corporal post mortem mediante una operación de autopsia que determine, de manera fehaciente, cuál fue la causa de muerte Estela Alicia González. “La operación de autopsia y extracción de muestras para su estudio podrían haber saldado las dudas que razonablemente plantean los acusados y que pone en jaque a la endeble acusación. Es que a nadie que haya transitado el fuero penal le escapa, que luego de una muerte con sospecha de criminalidad, más aún tratándose de una posible mala praxis médica, la operación de autopsia es un medio de prueba necesario y esencial a fin de corroborar la causa eficiente de muerte de una persona fallecida”, advirtió.

Disconformes

Finalizada la audiencia, la abogada de la querella y los familiares de Alicia González adelantaron que van a casar la sentencia. “Nos tomamos el trabajo de desgrabar todas las declaraciones de los peritos, que sostienen nuestra versión”, comentó la abogada.

“Estamos a la espera de los fundamentos de la sentencia. Vamos a casar la sentencia. Da mucha bronca. Ahora empieza la feria y nosotros nos quedamos con la angustia. No vamos a parar y vamos a seguir pidiendo justicia. Vamos a casar”, expresaron los deudos de la mujer fallecida.

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