El resultado de las urnas del 22 de octubre determinó que algunos municipios cambiarán de signo político a partir de diciembre...
2 de noviembre de 2023 - 01:10
El resultado de las urnas del 22 de octubre determinó que algunos municipios cambiarán de signo político a partir de diciembre. En estos casos, apenas se terminan de contar los últimos votos, se abren las disputas por el posible desorden en la transición. El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, oficiaron de mediadores en algunas reuniones que fueron convocadas para acordar una sucesión ordenada. Sin embargo, por la experiencia pasada, se generan dudas acerca de la eficacia de las expresiones de buena voluntad ya que no garantizan que se cumpla con determinadas condiciones para un traspaso ordenado y prolijo.
En los últimos seis años hubo cinco proyectos para reglamentar las transiciones en la provincia y en los municipios. Todos se quedaron a mitad de camino y ninguno logró convertirse en ley.
En estos últimos días, el gobernador Raúl Jalil recibió a los intendentes salientes y entrantes de los municipios de Antofagasta de la Sierra, Belén, Villa Vil y Londres. Quedan todavía algunas mediaciones que son las que están más complicadas, como la de Fiambalá entre la intendenta saliente, Roxana Paulón, y Raúl Úsqueda y la de Santa Rosa entre Elpidio Guaraz (UP) y Mario Páez.
Los que se reunieron se comprometieron ante el Gobernador a “trabajar de manera coordinada con los equipos municipales electos y salientes para garantizar una transición eficiente en beneficio de las comunidades”. Se trata de las expresiones de rigor que surgen de los encuentros. Sin embargo, la experiencia política de estos últimos años dejó en evidencia la necesidad de reglamentar el traspaso porque, generalmente, el que está dejando el poder acostumbra a dejar su gente en planta permanente, lo que complica la gestión del que ingresa; recategoriza agentes u otorgan mejoras salariales que no pueden sostenerse con el presupuesto asignado, desaparece información o entra en una espiral de endeudamiento para que se haga cargo el sucesor.
En 2017, el exdiputado Miguel Vázquez Sastre (JPC) presentó un proyecto para establecer pautas básicas para ordenar el proceso de transición de gobierno, en el que planteaba que las autoridades provinciales en ejercicio tienen la obligación de suministrar a las autoridades provinciales electas la información pertinente sobre el estado general de la Administración. No tuvo tratamiento y fue al archivo.
En 2019 inició otro la exdiputada María Macarena Herrera (PJ), que tampoco fue tratado. Ese mismo año, la exdiputada Paola Bazán intentó con otro siguiendo los lineamientos del que había iniciado Vázquez Sastre. Para todo el mismo destino: el archivo.
En 2021, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto presentado por el exsenador del departamento La Paz Ariel Espinoza, por el que propuso modificar la ley Orgánica de Municipalidades para incorporar el título tercero “De la Transición de Gobierno Municipal”. Obtuvo media sanción en junio de ese año, pero todavía no fue tratado en la Cámara baja y ya cumplió sus dos años.
Se trata de una iniciativa que trata de proporcionar herramientas para regular específicamente la transición en las intendencias. Es la única que todavía está en vigencia. Sugiere lo que está prohibido para el gobierno saliente, salvo aceptación previa del gobierno entrante y establece la conformación de una comisión mixta para ordenar el traspaso.
Ahora la transición ya está en marcha; la mediación fue la salida que encontró el Gobierno para evitar consecuencias peores ante lo inmediato. Evidentemente, será necesario que todas las fuerzas políticas acuerden criterios para fijar reglas que tengan el sustento de una ley.
