“Quienes compraron droga en las últimas 24 horas tienen que descartarla”.
jueves 2 de abril de 2026
“Quienes compraron droga en las últimas 24 horas tienen que descartarla”.
La frase de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó la impotencia ante la masacre de Puerta 8, en la que murieron hasta ahora 24 personas por consumir cocaína adulterada.
Le llovieron críticas, pero no estaba en condiciones de hacer otra cosa que apelar a algún vestigio de sensatez de los adictos, en línea con el comunicado de la Fiscalía de San Martín, que conminó a la población a adoptar “comportamiento positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud”, y el Ministerio de Salud, que declaró la “alerta epidemiológica”.
Entre el dolor de los deudos, el clásico intercambio de imputaciones entre facciones políticas y la ignorancia y los prejuicios conjugados en improvisados análisis, mientras la investigación se despliega, acaso convenga detenerse en las víctimas.
Difícilmente alguien haya retenido la identidad de alguna. Se trata de desahuciados sociales.
Solo un número significativo de muertos les otorga visibilidad. Si hubieran sido uno o dos, nadie estaría en estos momentos haciendo alarde de sus profundos conocimientos sobre la letalidad de los opiáceos y los riesgos que enfrentan quienes consumen estupefacientes estirados en el último eslabón de la cadena del tráfico, miembros del mismo sector social que suministra la carne de cañón barata a los narcos. Entes desechables, intercambiables, prescindibles: la legión de los excluidos a la que solo se registra cuando delinque, para condenarla, o muere en masa, para condolerse un rato o hacer la catarsis miserable de quienes consideran que tuvieron el final merecido.
“Abandona toda esperanza…”
Puerta 8 está en la localidad de Churruca, del partido bonaerense de Tres de Febrero. Es uno más de los miles de asentamientos que exponen el extremo del fracaso colectivo argentino, con una pobreza que no para de expandirse y a la que solo se atina a combatir con la multiplicación del asistencialismo. Allí reina el lumpen, que vive y prospera con la explotación de la miseria gracias a sus contactos con el poder.
“Acá está todo podrido, no hay solución”, se lamenta el joven, mientras ceba un mate y muestra una foto del muchacho asesinado. “Lo más triste es que a nadie le importa un carajo que nuestros pibes caigan como moscas, porque los consideran basura, todos los días matan a uno y no sale en ningún diario, tuvieron que morirse veinte de los que vienen de afuera a comprar para que aparezcan las cámaras”, masculla entre el dolor y la bronca”.
El testimonio es del artículo “Ni guerra de carteles ni capos narcos: cuentapropistas sin conducción y un experimento letal, las causas de la masacre de Puerta 8”, del periodista Mauro Federico, publicado en DataClave. Empieza con la inscripción en la puerta del Infierno de la Divina Comedia: “Abandona toda esperanza si entras aquí”.
La conmoción es natural tanto por la magnitud de la tragedia como por lo incierto de la cantidad de veneno que había llegado a comercializarse, su origen y destino.
Sin embargo, los precedentes marcan que no tardará en remitir, hasta que otro episodio reúna elementos de alto impacto emotivo suficientes para colocar a los marginados, circunstancialmente, en el centro de las aflicciones sociales.
El caso Maia
En marzo de 2021, la búsqueda de una niña reveló las condiciones en que vivía y sacudió la sensibilidad del país. Maía tenía solo siete años, todos transcurridos en el más crudo de los desamparos junto a su madre, adicta a las drogas. Vivían bajo un entramado de lonas y nylon que ni a tapera llegaba, en la Ciudad de Buenos Aires, rebuscándoselas para comer de la caridad de sus vecinos.
La indignación popular por tan brutal intemperie se acentuó cuando integrantes del Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales por las que el Estado canaliza el auxilio a los pobres, fueron descubiertos con 1,4 millones de pesos destinados a pagar el transporte de asistentes a un acto para celebrar los ocho años de pontificado del Papa Francisco.
Fernando “Chino” Navarro, jefe del movimiento y funcionario del Gobierno nacional, explicó que “no era plata negra”, porque salía de los aportes de integrantes de la organización que estaban “bancarizados”.
“El destino de las niñas como Maia es casi indefectible: embrutecimiento, carne de cañón del narcotráfico y la trata, la miseria más ruin en los márgenes. Son carne de cañón también de este sistema clientelar que tanto le arrea gente al Papa como a sus referentes políticos”, consideró este Mirador entonces, titulado “Maia denuncia una ética canalla”.
“Maia y su madre no percibían nada del Estado. Ninguna organización de las que pululan justificándose en la pobreza advirtió su existencia ni siquiera para reclutar a la mujer, darle un plan y preguntarle, de paso, si estaba dispuesta a resignar una porción para “aportar” a la caja corporativa. Una falla en el sistema de recaudación que seguramente se subsanará ahora que todo el mundo anda afligido por la pobre niña. Bancarización mediante, por supuesto, ya acercará la madre o algún comedido el CBU pertinente”, añadió.
Ocurrió hace menos de un año ¿Quién se acuerda de Maia y su desgraciada madre? Para qué acordarse: poco después las alternativas del proceso electoral relegarían el incidente al olvido, tan vertiginosa es la realidad.
Ahora fueron 24 caídos por comprar ponzoña en Puerta 8. Qué barbaridad, cómo puede ser. ¿Dónde iremos a parar? Donde la naturalización de la ética canalla y la impotencia nos lleven.