Por Basi Velázquez. Redactora especializada. Periodista de la sección Judiciales de Diario El Ancasti
Esta "reforma", lejos de resolver el problema de la inseguridad, va a generar nuevos conflictos porque no ataca las causas estructurales de la violencia juvenil. La reforma es necesaria, pero debe ser integral y con presupuesto.
No hubo sorpresas. Con 135 votos a favor, 100 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil. A la velocidad de la luz, la iniciativa fue remitida al Senado para finalizar el trámite.
La cuestión es que esta "reforma", lejos de resolver el problema, va a generar nuevos conflictos. Quizá responda al clamor popular pero no ataca las causas estructurales de la violencia juvenil.
Ahora, habrá que esperar las consecuencias. Operadores judiciales especializados —jueces, fiscales y defensores del fuero de Menores o Penal Juvenil, según cada jurisdicción— ya anticiparon cuestionamientos técnicos. No es una amenaza política: es un pronóstico fundado en años de experiencia. No sería extraño que llueva una catarata de declaraciones de inconstitucionalidad.
Hay una cuestión técnica de base que no se puede obviar: la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la privación de libertad debe ser excepcional y de último recurso. Bajar la edad sin crear un sistema especializado contradice esos estándares. Al margen del tiempo que lleve el proceso, es probable que haya sentencias contradictorias entre jurisdicciones, generando inseguridad jurídica. El caos jurídico perjudica, en definitiva, a las víctimas.
La "reforma" abrirá la puerta a la judicialización masiva del bullying y la violencia escolar. En Catamarca, las escuelas cuentan con el Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas, una guía amplia y actualizada que ofrece herramientas de intervención para situaciones conflictivas en el ámbito educativo.
Si la familia es la base de la sociedad, la escuela es su caja de resonancia. Muchos conflictos se visibilizan en la comunidad educativa. El problema de la violencia entre pares no es nuevo. La "reforma" podría habilitar un recurso fácil para las escuelas: derivar todo a la Justicia. Una situación que podría resolverse con diálogo terminará judicializada, con las consecuencias que ello implica. Más causas no es un indicador de éxito. Es un síntoma de colapso.
La "reforma" no responde una pregunta muy simple: ¿dónde se alojarán los adolescentes en conflicto con la ley? Se necesitan centros especializados y en condiciones. La Nación deriva esta responsabilidad a las provincias.
Catamarca tiene un antecedente doloroso. Nelson Nahuel Fernández era uno de los cuatro adolescentes que fallecieron en la Alcaidía de Menores el 9 de septiembre de 2011. Sus amigos Franco Ezequiel Nieva, Nelson Alfredo Orlando Molas y Franco Alejandro Sosa tenían entre 16 y 17 años. Nelson Nahuel era el más chico del grupo: tenía 15 años.
Los adolescentes llevaban varios días privados de libertad bajo custodia estatal. Fallecieron calcinados. La Alcaidía de Menores era una ratonera. El expediente penal es otra historia. Sin embargo, la cuestión de fondo es que privar de libertad a adolescentes implica responsabilidad estatal e inversión en capacitación del personal, en medidas de seguridad y en infraestructura adecuada con mantenimiento permanente.
Aunque la ley prohíbe —en teoría— alojar adolescentes en establecimientos para adultos, no prevé presupuesto para crear infraestructura adecuada. Deja todo en manos de las provincias. Al final, la "reforma" reabre debates que, en muchos casos, ya estaban superados.
Las decisiones tomadas con el diario del lunes suelen tener cambios de humor. Hoy, el discurso punitivista habilita simbólicamente la mano dura. Si los adolescentes son imputables desde los 14, las fuerzas de seguridad operarán en consecuencia. Un solo caso de violencia institucional —como ya pasó otras veces— será suficiente para generar revuelo y revertir todo. Un paso adelante, dos atrás.
Mientras la Nación tira cartas al aire, Catamarca tiene desde 2019 un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil moderno y garantista, con una normativa de avanzada y un fuero con funcionarios especializados: dos jueces, un fiscal y un defensor. Una reforma debe partir de datos concretos que orienten políticas públicas. Esta "reforma" no resuelve nada y complica todo.
En 2024, el 49,8% de los adolescentes involucrados en causas penales en Catamarca tenía entre 13 y 15 años: eran inimputables. Con la nueva ley, todos esos casos se judicializarían. El sistema catamarqueño —que hoy funciona con mediación, conciliación y medidas socioeducativas— podría colapsar. Catamarca no es Buenos Aires. Las realidades son distintas. Las respuestas no pueden ser las mismas.
La "reforma" va a generar nuevos problemas. Aprobar una normativa incompleta colapsará el sistema y perjudicará a las víctimas. La reforma no puede limitarse a bajar la edad. Debe incluir: creación de fueros especializados con jueces, fiscales y defensores capacitados –Catamarca ya cumple con esto-; infraestructura adecuada: establecimientos para adolescentes separados de adultos; límites estrictos a la prisión preventiva (máximo 2-4 meses, como en Catamarca), medidas alternativas: mediación, conciliación, suspensión del juicio a prueba; fortalecimiento del sistema de protección integral, porque muchos de estos adolescentes llegan al delito por abandono estatal o familiar. Esta reforma no viene con partida presupuestaria. ¿Quién la va a financiar? Las provincias, obvio.
La reforma del régimen penal juvenil es necesaria. Nadie lo discute pero no puede ser una respuesta improvisada a partir de titulares. Los datos de cada jurisdicción deben orientar las políticas, no los impulsos. Esta ley no resuelve el problema de la inseguridad. Esta reforma tan necesaria debe ser integral, no una tirada de cartas.
