Axel Benjamín Castro fue imputado por intento de homicidio agravado. El hecho ocurrió en noviembre de 2025.
Violencia extrema. Para la investigación, buscó garantizar impunidad.
El violento ataque que conmovió a Catamarca en noviembre del año pasado, ingresa formalmente en el tramo final del trámite judicial para la realización del juicio por jurados. Axel Benjamín Castro es el único imputado por la brutal agresión sufrida por la docente Luisina Vega.
La camarista Patricia Olmi, jueza directora de este juicio por jurado, ayer presidió el sorteo de 90 potenciales jurados.
Durante la audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, Castro estuvo acompañado por su abogado defensor Juan Enrique Lebrón. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el secretario de Procuración General a cargo de la Oficina de Juicios por Jurados, Dante Coronel. Durante el procedimiento administrativo, se sortearon a 90 potenciales jurados, vecinos pertenecientes a la Primera Circunscripción Judicial. Según se indicó, desde ayer integran la lista oficial de potenciales jurados populares de la cual surgirán los 12 titulares y los suplentes para el debate. Al finalizar el acto, la magistrada notificó a las partes sobre el cronograma fijado para las próximas etapas del proceso. Según lo dispuesto, el próximo 14 de agosto se llevará a cabo la audiencia de admisión de evidencias; en la ocasión, la Fiscalía y la Defensa debatirán qué pruebas documentales, periciales y testimoniales serán válidas para ser exhibidas ante el tribunal de ciudadanos. En tanto, el 10 de noviembre se realizará la audiencia de selección de jurados -también conocida como audiencia de Voir Dire- e, inmediatamente después, se dará inicio formal a las jornadas del juicio propiamente dicho.
La causa fue investigada y elevada a juicio por la fiscal de Instrucción de Primera Nominación Yésica Miranda. El ataque ocurrió en noviembre de 2025 en la zona sur de la Capital. En aquella oportunidad, Luisina Vega fue abordada de manera sumamente violenta y resultó con múltiples heridas graves producidas por un elemento punzocortante. Como consecuencia del brutal ataque, la docente permaneció internada en estado crítico durante varios días. La gravedad del episodio y los elementos recabados durante la instrucción penal determinaron que Castro llegue al banquillo imputado por el delito de "homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa”.
El agravante “criminis causa” no es menor y se convirtió en el eje central de la acusación. Al momento de confirmar la prisión preventiva y el avance hacia el juicio, el juez de Control de Garantías de Garantías de Cuarta Nominación, Marcelo Sago fue contundente al analizar la conducta de Castro. Para el magistrado, el acusado no solo atacó a la mujer con una violencia desmedida para desapoderarla de sus pertenencias, sino que la agresión posterior tuvo como objetivo directo intentar asegurar su impunidad. Para el juez Sago, Castro intentó dar muerte a la docente para evitar que esta pudiera reconocerlo o denunciarlo, lo que agrava severamente su situación procesal. En sus fundamentos, el juez ponderó la saña con la que actuó el imputado, destacando el desprecio por la vida humana reflejado en la cantidad y localización de las heridas infligidas a la víctima, quien sobrevivió gracias a la rápida asistencia médica y no por un desistimiento del agresor.
La elevación a juicio por jurados y el mantenimiento de la prisión preventiva sobre Castro encuentran su respaldo no solo en la contundencia de las pruebas de este caso en particular, sino también en el perfil criminológico del acusado. Los registros judiciales revelan que el joven cuenta con un extenso historial penal que se remonta al menos hasta 2019. De esta manera, acumula diversas causas abiertas principalmente por delitos contra la propiedad y robos bajo distintas modalidades en la Capital. Este historial de reincidencia y delincuencia habitual fue uno de los argumentos centrales que evaluaron los investigadores para considerar el riesgo procesal y de fuga. Dada esta situación, Castro aguarda el inicio del juicio popular privado de la libertad, en el Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán. Con las fechas ya confirmadas para agosto y noviembre, la OGA se prepara para un nuevo juicio por jurados.
