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Cara y Cruz

Tensión en el cerro

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1 de agosto de 2022 - 01:05

La minería en Andalgalá sigue tropezando con un fanatismo demencial, exacerbado además por un juego de intereses políticos cuyos principales protagonistas detentan cargos públicos, es decir, sus sueldos dependen de los impuestos que recauda el Estado provincial, entre ellos los que pagan las empresas mineras, que son los más altos. Pero tal coherencia no es esperable de la política.

El jueves pasado, en la Perla del Oeste se vivió uno de esos episodios que acostumbra a ofrecer el fundamentalismo antiminero. El grupo que se opone al desarrollo de la actividad puso el grito en el cielo por un piquete instalado en la ruta de Minas Capillitas que conduce al proyecto de Minera Agua Rica Alumbrera (MARA) y que no es el propio. De hecho, se trata de un grupo de personas que dicen estar a favor de la minería y que buscan trabajo en el emprendimiento. Para los que están en contra, son piqueteros “bancados” por la empresa para intimidar a los “anti”. Aseguran que no son oriundos de Andalgalá -serían de Santa María-, que les impiden el paso a su piquete –ubicado más arriba-, que los amenazan con hachas, palos y piedras y que atemorizan a todos los que transitan por esa ruta. En otras palabras, una suerte de grupo de choque contra los “anti”.

Los antimineros difundieron imágenes de un “pro” que se acerca a un vehículo, hacha en mano, en una suerte de advertencia. Luego intervino la Policía, que ordenó despejar la ruta para que el utilitario siga camino rumbo al corte antiminero con el fin de abastecer a su gente de comida, bebida y otros elementos. Y los promineros hicieron lo propio con un video que muestra cuando llegan dos uniformados a su corte y les ordenan que dejen pasar al vehículo, lo que acatan sin chistar. Hasta ahora, no hubo ningún cruce violento entre ambas facciones. Pero la tensión en la zona es fuerte.

La primera reacción política a esta situación fue del intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, un confeso antiminero. Le envió una nota a la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, en la que le pide “tomar intervención ante la compleja situación que se vive por el conflicto ambiental-minero en los distritos Choya y Minas, por la que corresponde afirmar que existe un estado de anarquía en nuestra comunidad con personas encapuchadas y armadas, no pertenecientes a Andalgalá, que se arrogan la facultad de privar ilegítimamente de la libertad ambulatoria, amenazando a los vecinos de Choya, Minas y transeúntes que circulan por la ruta N° 47”, asevera Córdoba.

Y agrega: “Afirman ellos ser personas sin empleo, de Santa María, que buscan una solución laboral en la actividad minera y han instalado dos conteiner a la vera de la ruta generando conflictos cada vez que se encuentran con los vecinos de Andalgalá”. El jefe comunal le reprocha a Segura que “no ha tomado medidas para evitar estas circunstancias, a lo que se suman los excesos cometidos por los grupos especiales de la fuerza policial en contra de vecinos que bregan dignamente con su rostro descubierto por su derecho a defender el agua y la salud por un ambiente sano”.

El final de la nota de Córdoba es una auténtica acusación política. “Exhorto su inmediata acción a los fines de recomponer el estado social crítico al que nos ha sumido el conflicto con la empresa minera Agua Rica/ MARA, con el beneplácito o desidia del gobierno”. En otras palabras, para el intendente radical cabe la posibilidad de que la administración Jalil esté disfrutando de esta grave situación.

En la misma línea, el diputado provincial Hugo Ávila, del bloque Frente Amplio Catamarqueño, pidió interpelar en la Cámara baja a la ministra Segura por “el accionar de grupos parapoliciales financiados por la minera MARA, que actúan con total impunidad sin la intervención de las fuerzas de seguridad”.

Un grupo de trabajadores mineros difundió en una red social que esos a los que el intendente Córdoba denomina “vecinos” son en realidad “los violentos que tiran piedras, agreden a trabajadores, rompen vehículos y llenan la ruta de clavos miguelitos”.

En suma, es Andalgalá en su más genuina expresión del conflicto social crónico por la minería sí, minería no. El oficialismo provincial, en tanto, se mantiene en silencio.

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