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SUSCRIBITE Acusado. El sujeto había sido arrestado por la policía el 28 de julio.
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SUSCRIBITEEl juez de Control de Garantías N° 1, Héctor Rodolfo Maidana, resolvió ayer a la mañana no hacer lugar al dictado de prisión preventiva para Sebastián Mario Carabajal -uno de los imputados en la causa de las tarjetas clonadas- tal como lo había solicitado la fiscal de Instrucción N° 7, Valeria Reyes, quien está a cargo de la investigación.
El magistrado dispuso la libertad del acusado, previo a prestar caución personal hasta cubrir la suma de $1.000.000 ante la secretaría del Tribunal. Maidana también impuso una serie de obligaciones que Carabajal deberá cumplir.
El sospechoso tendrá que fijar domicilio dentro del radio de quince cuadras del asiento de la Fiscalía de Instrucción interviniente y no mudarlo sin previo aviso al órgano judicial competente. También deberá permanecer a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 7 y concurrir todas las veces que sea citado. Tendrá que abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley.
Por último, deberá comparecer en horario de despacho en Fiscalía el primer día lunes de cada mes o el primer día hábil subsiguiente si éstos fueren no laborables o feriados; todo ello bajo apercibimiento de revocarse la libertad en caso de no cumplir con las obligaciones impuestas. Una vez que se cumplimente la caución fijada, la excarcelación de Carabajal se hará efectiva. Mientras tanto, continuará en calidad de detenido.
Tras la resolución del funcionario judicial, se conocieron los fundamentos por los cuales no dictó la prisión preventiva de Carabajal. Para Maidana, “no se advierte la existencia del peligro procesal” y “tampoco se advierte la existencia de peligro de fuga”.
“No existen pautas objetivas que permitan afirmar que si Carabajal recupera su libertad podría entorpecer la investigación bien que, para fundamentar el peligro de obstaculización, se requiere que el peligro sea concreto y no abstracto, lo que supone que el riesgo ha de derivar de la realización por parte del imputado, de conductas determinadas destinadas a atentar contra el desarrollo de la actividad investigativa o probatoria”, argumentó Maidana.
Maidana puso énfasis en que Carabajal “se encuentra en la misma situación procesal que el coimputado Paulo Domingo Silva, a quien la Fiscalía le ha concedido el recupero de libertad. Y, si el fundamento esgrimido por la representante del Ministerio Público para sostener la medida coercitiva respecto de Carabajal al momento de llevarse a cabo la audiencia es la posibilidad de contactarse con la coimputada Sandra Estefanía González, el mismo argumento le habría cabido a Silva. Sin embargo, este último ha sido beneficiado con el recupero de su liberad”.
Por último, consideró que “no se justifica la necesidad concreta de la aplicación de la medida solicitada por el representante del Ministerio Público al no existir circunstancias objetivas de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del encartado”.
Carabajal es oriundo de la provincia de Tucumán. Fue arrestado el viernes 28 de julio. Lo sorprendieron cuando circulaba en auto por la ruta nacional Nº 9 en Santiago del Estero. Tenía pedido de detención ordenado por el fiscal Alejandro Gober, quien por entonces era el titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7. Tras su captura, se llevó a cabo la extradición del acusado desde Santiago del Estero hasta esta ciudad Capital.
El 8 de agosto, el juez Maidana le había confirmado la detención y desde entonces estuvo detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, en el departamento Capayán.
Carabajal está imputado por tres hechos de “estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito continuado” y por el delito de “estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de crédito continuado”.
Por su parte, el catamarqueño Paulo Domingo Silva, empleado del Correo Argentino, también está involucrado en la causa. Está imputado por el delito de “estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de débito, continuada y en calidad de partícipe primario”.
