Una de las medidas antipáticas que el Gobierno nacional deberá tomar en los próximos meses es el descongelamiento de las tarifas a partir de la reducción de los subsidios a la energía. Es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional en el contexto del acuerdo alcanzado, pero además una necesidad luego de casi tres años sin modificación.
El gobierno de Cambiemos autorizó, entre 2016 y 2019, subas del orden del 3.000 por ciento, pero en el último año de la gestión decidió congelarlas con un propósito meramente electoral. Desde entonces permanecen así, a partir de lo dispuesto por el decreto 1020 del actual Gobierno nacional que sigue vigente, con una inflación en los últimos tres años de casi el 150 por ciento. Es obvio que seguir incrementando los gastos que ocasiona subsidiar el costo de la energía es inviable, sobre todo si el compromiso con el FMI es reducir progresivamente el déficit fiscal.
La clave es segmentar los incrementos tarifarios: los subsidios no deben tener alcances globales sino impactar positivamente en aquellos sectores que no pueden pagar tarifas sin la ayuda estatal o en pequeñas y medianas empresas que verían incrementar excesivamente sus costos operativos.
Lograr una segmentación que sea considerada justa es una aspiración de cumplimiento bastante difícil. Los expertos consideran que, si se basa como suele hacerse convencionalmente según criterios territoriales, se producirían, inevitablemente, inequidades. Marcos Rebasa, ex director del Enre y director del Observatorio de Tarifas de la Umet, advirtió: “Nunca podrá haber una segmentación perfecta. El portero de Recoleta pagará lo mismo que el millonario de Recoleta. Siempre habrá críticas y planteos de por qué el corte será en tal o cual lugar. Y jurídicamente será apelado como un ataque a los principios de equidad”.
Una segmentación claramente territorial es la que impulsan los gobernadores del Norte Grande (NOA + NEA), que impulsan un proyecto de ley que establece que las provincias de esta macro región deberían pagar menos por la energía eléctrica que se consume durante los meses de calor, de carácter similar al que se aprobó para beneficiar a la Patagonia con tarifas más bajas en el servicio de gas. La iniciativa tenía algunos apoyos en el Ejecutivo nacional, pero tal vez éstos se diluyan con el acuerdo entre a Argentina y el Fondo, en el que no caben este tipo de excepciones según la lógica que caracteriza a las políticas de ajuste que impulsa el organismo.
Tal vez no prospere la segmentación territorial, menos aun en proyectos de amplio alcance como el que pretenden los gobernadores norteños, pero podría diseñarse una segmentación de tipo social, que evite que los sectores que se encuentran bajo la línea de pobreza vean incrementados los montos que pagan en sus boletas. Se trata de un diseño no carente de complejidad, pero necesario para acrecentar los problemas de los sectores más vulnerados de la Argentina.