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Micaela Reartes (36), imputada por 15 hechos de estafa, deberá resarcir económicamente a las víctimas y realizar tareas comunitarias, al ser beneficiada con la suspensión del juicio a prueba o probation. La Cámara Penal N° 3 hizo lugar al pedido que había sido formulado por la defensa y dispuso que, durante dos años, cumpla reglas de conducta y efectúe una reparación económica por un total de 2.298.500 pesos.
La audiencia se realizó el viernes ante el tribunal integrado por los jueces Jorge Palacios, Marcelo Soria y Patricia Olmi. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal Miguel Mauvecín y la imputada contó con el patrocinio legal de un abogado particular.
Fueron citadas las personas damnificadas para hacerles conocer la propuesta de reparación económica formulada por la imputada y, en audiencia, aceptaron recibir, en concepto de reparación, los montos correspondientes al perjuicio económico sufrido.
En cuanto a las personas que no comparecieron, el Tribunal dispuso que las sumas ofrecidas sean destinadas a la Cooperadora del Hospital de Niños Eva Perón. Se informó que la suma que recibirá el Hospital será de 408.000 pesos.
Fingiendo ser abogada, la mujer se presentaba ante las víctimas y, en ese carácter, ofrecía sus servicios, a cambio de sumas de dinero. En algunos casos, las entregas estaban vinculadas a la adquisición o venta de terrenos y, en otros, al pago de honorarios por asesoramiento o patrocinio jurídico.
Los "honorarios" eran cancelados con dinero en efectivo, mediante transferencias bancarias o depósitos. Según la acusación, la utilización de un falso título profesional era el mecanismo mediante el cual generaba confianza en las personas damnificadas para obtener las distintas sumas de dinero. Varias denuncias fueron radicadas en las unidades judiciales N° 5 y 8 a fines de 2022.
La suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, es un instituto que permite suspender el proceso penal durante un período determinado, durante el cual la persona imputada deberá cumplir regularmente una serie de pautas, condiciones y reglas de conducta fijadas judicialmente.
En este caso, el Tribunal estableció un plazo de dos años, durante el cual la imputada deberá observar las obligaciones impuestas; caso contrario, el beneficio puede ser revocado y el juicio continuará hasta su conclusión.
Durante los dos años de suspensión del juicio a prueba, la imputada deberá fijar residencia y someterse al control del Departamento del Patronato de Liberados, ante el cual deberá presentarse cada tres meses.
También deberá abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no cometer nuevos delitos y realizar tareas comunitarias en el Hospital de Niños Eva Perón durante dos años, a razón de tres horas semanales, previa coordinación con las autoridades de la institución.
La causa por 15 hechos de estafas se inició a fines de 2022 cuando se hicieron las primeras denuncias. Se resolvió 4 años después cuando la acusada pidió la probation.
