lunes 1 de agosto de 2022

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Editorial

También es violencia

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1 de julio de 2022 - 01:00

El incumplimiento de las obligaciones parentales del progenitor no conviviente es también un tipo de violencia económica. En la inmensa mayoría de los casos es ejercida por hombres contra sus hijos y contra sus madres, que deben asumir la crianza de niños y adolescentes sin el aporte paterno. No hay muchas estadísticas sobre la magnitud del fenómeno, pero los datos existentes revelan porcentajes muy altos.

En la provincia de Buenos Aires acaba de finalizar el primer diagnóstico sobre el tema. El estudio revela que casi el 70% de los padres que no conviven con sus hijos no cumplen con la obligación alimentaria, lo que implica que no hacen el aporte que corresponde para asistir en las necesidades materiales, pero también que hay un descuido sistemático respecto de las responsabilidades de cuidado de la niña, niño o adolescente.

El informe bonaerense, presentado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, refleja que este tipo de violencia económica no es patrimonio de un sector social en particular, sino que atraviesa todas las clases sociales, aunque impacta con mayor dureza a los hogares monomarentales de los sectores populares por las carencias económicas propias de este grupo.

En Catamarca se realizó un estudio similar el año pasado. El resultado, aunque los índices sean menores al realizado en Buenos Aires, es igual de preocupante: se detectó aproximadamente un 40% de mora en el pago de la cuota alimentaria. Tanto a nivel nacional como local, el problema se agravó desde que comenzó la pandemia.

Está en vigencia en la provincia desde hace veinte años la ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios con competencia en todo el territorio provincial, bajo la órbita de la Corte de Justicia. De acuerdo con la norma, “las instituciones u organismos públicos no podrán abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de créditos, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, a quienes se encuentren en calidad de morosos en el Registro de Deudores Alimentarios”. Los deudores tampoco podrán ser proveedores del Estado o titulares de negocios o instalaciones industriales, entre otras restricciones.

El problema es que no hay una actualización permanente y eficiente de ese registro, de modo que las inhabilitaciones no terminan ejecutándose como debería.

A nivel nacional no hay una regulación general del problema, aunque el año pasado legisladores del bloque del Frente de Todos presentaron un proyecto, que no fue tratado aún, que establece una retención automática de la cuota al progenitor que incumple.

Anta la falta de voluntad del deudor alimentario de regularizar los aportes que le corresponden, parece imprescindible el cumplimiento de las normas que, como en el caso de Catamarca, le pone obstáculos para el desarrollo de actividades, sobre todo comerciales. Si el registro está desactualizado, o las autoridades ni siquiera verifican si la persona que va a realizar un trámite está incluida en él, la ley es letra muerta y la desigualdad de género estructural que existe en la sociedad se profundiza.

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