El aumento nacional de la tarifa de energía abrió el juego de presiones para que el Gobierno implemente medidas que atenúen el golpe sobre el bolsillo de los usuarios.
viernes 6 de septiembre de 2024
Impacto. El tarifazo energético es un golpe durísimo a la economía familiar y a la producción.
El aumento nacional de la tarifa de energía abrió el juego de presiones para que el Gobierno implemente medidas que atenúen el golpe sobre el bolsillo de los usuarios.
El reclamo fue tomando cuerpo desde la movilización de los concejos deliberantes del interior, pero se topa con restricciones presupuestarias difíciles de eludir, en el marco de una sostenida caída de los ingresos provinciales debido al desplome de la recaudación por la depresión económica y el derrumbe del consumo.
El Gobierno enfrenta una encerrona fogoneada por sus propios intendentes, que son los que en mejores condiciones están para identificar a los sectores más vulnerables y diseñar esquemas de auxilio de alcance local. Pero no quieren asumir los eventuales costos políticos aparejados a gestionar políticas de este tipo, sobre todo porque tienen planteles de empleados sobredimensionados, con altísimos porcentajes de precarización y con salarios muy bajos. Más fácil es reclamar una asistencia del Gobierno que indefectiblemente debería extenderse a toda la provincia, con el desembolso de cifras siderales.
Es un problema complejísimo, que demanda respuestas colectivas sensatas. Los tarifazos hacen colapsar el modelo tradicional de financiamiento de la Provincia a las comunas porque su escala económica es desmesurada. No es lo mismo que asumir la interrupción del fondo nacional de Incentivo Docente o la interrupción de las partidas para obra pública, o auxiliar para que se paguen los aguinaldos.
Para cubrir los subsidios nacionales, el Gobierno debería en principio desfinanciar otras áreas, funciones y políticas que estimulan la actividad económica, como la de los préstamos a tasa subsidiada de la Caja de Crédito y los programa de incentivo al consumo a través de descuentos.
Entre el One Shot Plus y el “Días de Ensueño”, por ejemplo, el Tesoro desembolsa alrededor de 2.100 millones de pesos mensuales. El último “One Shot Plus” generó ventas por cerca de $7.000 millones.
Este movimiento tiene varios beneficios anexos a los $80.000 adicionales a sus ingresos que obtiene el consumidor por reintegros.
El comercio local contrata temporalmente más personal para atender la intensidad de la demanda y aumenta el volumen de compras a sus proveedores. El incremento del ritmo de reposición fortalece al comerciante en la negociación y, como las operaciones con débito se devuelven a las 48 horas, el comercio se fondea a principios de mes.
Las operaciones son el blanco, lo que impacta en la recaudación impositiva. Se desalienta el uso de dinero en efectivo y se contribuye a la educación financiera.
Por supuesto, subsidiar el consumo de energía demandaría desembolsos mucho más gravosos que el One Shot, pero se trata de un ejemplo para plantear el intríngulis central no ya para el Gobierno, sino para toda la política.
Todo no se puede: ¿a qué debería renunciarse para neutralizar la deserción nacional en el subsidio a la energía? Los subsidios entran en tensión.
Es un dilema interesante para plantearle a los jefes territoriales que capitalizan políticamente programas como este del “One Shot”, por no hablar de la obra pública, la vivienda, la asistencia social y la propia inversión en infraestructura de servicios en sus distritos.
La coyuntura exige asumir una perspectiva global, que trascienda la demagogia, porque los recursos públicos, de por sí finitos, se han reducido dramáticamente.
El impacto del tarifazo sobre las economías familiares, la producción y los servicios presenta desafíos que no pueden abordarse individualmente, sin considerar todas sus facetas.
La EC SAPEM ya abrió el paraguas, anticipando un aumento de las conexiones clandestinas por la imposibilidad de afrontar el costo de la energía.