domingo 25 de septiembre de 2022

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Caso Pachao

Subjefe de Policía defendió el arresto en "averiguación de actividades"

No obstante, reconoció que este procedimiento suele ser discrecional. Para hoy se prevén las últimas declaraciones.

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22 de septiembre de 2022 - 23:48

Dos testigos se presentaron ayer en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación por la causa Pachao. Por este caso, seis policías comparten el banquillo de los acusados para responder por el delito de “tortura seguida de muerte” y “privación ilegítima de la libertad”.

En la oportunidad, una oficial que realizaba guardias en la comisaría Séptima pero no estuvo en funciones el día del hecho, contó sobre la estructura edilicia. A la vez, describió a la jurisdicción como “conflictiva” y detalló sobre la función que cumple el jefe de guardia.

También se presentó el entonces subjefe de Policía, Rubén Orlando Moreira. El testigo hizo mención sobre la responsabilidad que tienen los jefes de la comisaría con relación a todo lo que ocurre en la seccional. Al mismo tiempo, defendió el arresto en averiguación de actividades como una facultad que tiene la Policía. No obstante, reconoció que este procedimiento es discrecional y que no hay motivos determinados para proceder. Es decir, simplemente se arresta para averiguar actividades o modo de vida de una persona determinada.

Con relación al testimonio de la legisladora nacional Lucía Corpacci, si bien ha sido debidamente notificada, hasta el cierre de la jornada no había presentado ningún testimonio por escrito ni tampoco informó si comparecerá. De acuerdo con la agenda judicial del Tribunal, hoy se presentarían los dos últimos testigos y se finalizaría con la etapa de testimonios.

La muerte del joven de 20 años se registró el 14 de marzo de 2012. Dos días antes había ingresado al Hospital San Juan Bautista, en estado crítico, trasladado desde la comisaría Séptima, en la zona norte de la Capital, donde había sido arrestado. Por este hecho, los policías Gustavo Eduardo Bulacios, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Javier Varela, Jorge Duilio Montivero y Claudio Yani Nieva llegaron a debate imputados por “vejaciones” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y Ramón Ariel Quevedo, solo por el último delito.

No obstante, tras varias jornadas y a pedido de la Fiscalía, hubo un cambio de calificación. Actualmente, los efectivos deben responder por "torturas seguidas de muerte" y "privación ilegítima de la libertad". Ante esta nueva acusación, los policías podrían llegar a recibir una pena de prisión perpetua.

El Tribunal está integrado por los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito. El Ministerio Público Fiscal es representado por la fiscal de Cámara Daniela Barrionuevo y el fiscal coadyuvante Hugo Costilla, quienes están acompañados por el abogado Humberto Galíndez, en la querella. La defensa es ejercida por los abogados particulares Herman Zalazar, Víctor García, Pedro Vélez, Jorge de la Fuente, Orlando del Señor Barrientos y Marcos Gandini.

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