Maculas. El cura Eduardo López Marquez, acusado de abuso,
con el Obispo Luis Urbanc.
8 de marzo de 2023 - 01:30
La segunda denuncia por abuso sexual radicada contra el sacerdote Eduardo López Márquez estimuló las presunciones sobre el carácter ornamental de la Comisión de Abusos Sexuales creada a fines de 2019 por el Obispado catamarqueño, reaccionando a la erosión que el fenómeno de la pedofilia de numerosos curas, a nivel mundial, provocaba en el prestigio de la institución eclesiástica. El anuncio se hizo luego de que el Papa Francisco resolviera terminar con el "secreto pontificio" en casos de violencia sexual o abusos de menores de edad cometidos por religiosos, con el propósito de que la Iglesia comparta "denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abuso" con las autoridades civiles.
En el caso de López Márquez, el Obispado informó luego de que lo denunciaron en mayo del año pasado por abusos supuestamente perpetrados en Recreo, que la víctima había hecho otra denuncia en sede canónica y le habían ofrecido acompañamiento. El sacerdote, por su parte, había presentado su renuncia a los oficios eclesiásticos.
Según el comunicado, estaba en trámite un proceso de indagación preliminar previsto por el Vaticano “que en nada obstaculiza a la investigación que lleva adelante la Justicia en el orden civil”.
No volvieron a difundirse novedades sobre el procedimiento eclesiástico y las noticias sobre la marcha de la investigación judicial fueron esporádicas hasta que la nueva denuncia, también por presuntos ultrajes a niños cometidos por López Márquez, esta vez en Capayán, colocaron otra vez el asunto en el tapete.
López Márquez es el cuarto sacerdote catamarqueño denunciado por abuso.
El primero, en 2014, fue Renato Rasgido, que todavía no fue a juicio. Luego le tocó a Juan de Dios Gutiérrez, condenado en abril de 2021 a 12 años de prisión. Moisés Pachado falleció mientras se desarrollaba el proceso en su contra.
Cuatro en una comunidad eclesiástica del tamaño de la catamarqueña. Es un número significativo.
La labor de la Comisión no ha sido lo suficientemente proactiva como para aventar las dudas que saludaron su creación. El instituto no generó entre las víctimas y quienes las respaldaban el entusiasmo que sus promotores esperaban. Los indicios marcaban que el encubrimiento a los sacerdotes acusados de ultrajes era la regla y que el nuevo dispositivo contribuiría a este fin más que al esclarecimiento de los casos.
La madre de la adolescente que había denunciado a Gutiérrez, fundadora de la ONG “Latidos sin Pausa”, que integra la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, expresó en ese momento sus reservas.
“Ellos mismos van a estar, van a seguir escondiendo ¿Dónde está la confianza de que se manejen con imparcialidad? Es como para dar un poco de tranquilidad, con tantos casos que hubo. Es como decir ‘bueno, vamos a participar en algo’. Entonces se guardan la posibilidad de manejar todo”, consideró.
La mujer se refirió a un documento elaborado por la Red luego de que el Papa, en mayo de 2019, publicó la Carta Apostólica “de Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’». El documento se había publicado en agosto e incluía un protocolo con recomendaciones tendientes a evitar la manipulación y revictimización de quienes se decidieran a denunciar en sede canónica.
“Las medidas que la Iglesia Católica ha llevado y lleva a cabo para solucionar el problema que representan las víctimas de abuso eclesiástico –señaló la Red- están destinadas a blindar la institución, mantener el sistema de protección de pederastas y evadir el cumplimiento de exhortaciones de organismos internacionales”, mediante “una fina manipulación emocional, cosificando, humillando, aislando a las víctimas de su entorno afectivo”.
Con tres años de vigencia, la Comisión de Abusos Eclesiásticos no ha logrado revertir esta impresión de complicidad con los pederastas.
