El abogado Oscar Romero presentó una denuncia por no haber intervenido en un procedimiento.
Una denuncia contra el fiscal de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Santa María, Carlos Laureano Contreras, se presentó en la Secretaría de Jury de la Corte de Justicia de Catamarca. Según se indicó, el abogado Oscar Romero presentó una denuncia contra este representante del Ministerio Público Fiscal presuntamente por no haber intervenido en un procedimiento.
Desde el máximo tribunal de Justicia catamarqueño se invitó al denunciante a ratificar la denuncia. De ser así, el Tribunal del Jury se reunirá a efectos de analizar si se abre el proceso o no.
En octubre de 2018, en el Salón San Martín de la Corte de Justicia, Luis Raúl Cippitelli, José Cáceres, Amelia Sesto de Leiva, Miguel Figueroa Vicario y Vilma Molina, tomaron juramento a Contreras como fiscal Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial. Desde entonces se desempeña en este cargo.
Sin embargo, Contreras habría tenido un llamado de atención por demoras en la tramitación de causas. En agosto del año pasado, una mujer habría cuestionado a este representante del Ministerio Público Fiscal.
Según se había indicado, hubo un retardo judicial. Ante esta situación, si bien no se inició un jury, sí se habría realizado un llamado de atención al fiscal Contreras y se habría fijado un plazo para poner los expedientes al día.
El fiscal Contreras fue designado tras la denuncia de su antecesor Marcelo González. El entonces fiscal González presentó su renuncia al cargo en mayo de 2018, en medio del proceso que pesaba en su contra por su accionar tras un accidente de tránsito que protagonizó en 2013.
Según se detalló, González enfrentaba este proceso por un siniestro vial que protagonizó con su camioneta en 2013. Había chocado al motociclista Ezequiel Juárez, quien sufrió heridas de consideración. En octubre de 2017, la Cámara de Apelaciones solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados que analice la apertura de un jury al fiscal por el accidente y por sus actuaciones irregulares en el hecho. Entre los elementos que llamaron la atención se encontraba que, según lo señalan las actuaciones del día del accidente, tras el hecho González no se hizo presente en la dependencia médica a los fines de realizarse la extracción sanguínea para la determinación posterior del alcohol en sangre.
La víctima, Juárez, presentó mediante su abogado un recurso de apelación al conocer que además de las graves irregularidades existentes en la causa, la jueza de Control de Garantías que entendía en el expediente, Alba Lagoria, había ordenado su archivo. La Cámara de apelaciones revocó esta decisión y pidió el jury.
En este proceso, el fiscal del jury, Alejandro Dalla Lasta, opinó que González presuntamente llevó a cabo conductas cuya consideración a priori serían causal de enjuiciamiento y eventual remoción del funcionario judicial. Por su parte, en su descargo, el fiscal González desestimó el inicio del jury al señalar que la causa judicial todavía no está concluida porque hay un recurso de casación pendiente de resolver. En este sentido, el tribunal de jury consideró que el recurso de casación tiene vinculación con la causa penal que se sigue por el accidente pero no con el objeto del jury, por lo que el proceso se continuó. Un día antes de que el Tribunal de Enjuiciamiento se reuniera para analizar las pruebas presentadas por el fiscal del jury, González presentó su renuncia.
El Poder Judicial de Catamarca cuenta con un régimen disciplinario propio, en el que se establecen reglas éticas sobre la función del ejercicio del cargo y las atribuciones y deberes en la función pública, entre otras cuestiones.
Los ‘castigos’ van de menor a mayor: el apercibimiento, la multa –hasta el 20 % del sueldo-, la suspensión del goce de haberes hasta 60 días, la cesantía y la exoneración. Esta última es la más fuerte y suele ser aplicada cuando a un empleado o agente se le prueba un ilícito. Con este castigo, “no puede obtener otro cargo en la administración pública”, se aclaró. En tanto que la cesantía es un despido que permite que la persona pueda conseguir otro trabajo dentro de la administración pública.
Además, se explicó que los funcionarios con acuerdo, como fiscales, defensores, asesores y jueces, sí pueden ser multados o apercibidos pero solamente el Jury de Enjuiciamiento puede exonerarlos. El Poder Judicial posee un Registro Único de Sancionados, en el que también quedan asentados los empleados ‘reincidentes’. “Algunas reincidencias terminaron en cesantías”, se remarcó.n
Recientemente, el Tribunal de Enjuiciamiento abrió el proceso contra el juez Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Miguel Ángel Aybar, por presunta demora judicial reiterada. El magistrado tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar por escrito su descargo. Éste vence la próxima semana. Luego, el fiscal del Tribunal deberá emitir un dictamen. El Tribunal pasará a resolver si corresponde realizar el juicio.
La semana pasada, los ministros de la Corte de Justicia de Catamarca en pleno extraordinario, resolvieron remitir al Tribunal de Enjuiciamiento el expediente en torno a un posible retardo judicial reiterado por parte del juez Aybar. La decisión se tomó por propia iniciativa y por informes recibidos de la Sala de Sumarios. El magistrado cuenta con dos sanciones resueltas por esta Sala. Tales corresponden a septiembre de 2021 y marzo de 2024. Se lo habría sancionado con descuento en sus haberes en dos ocasiones. Sin embargo, pese a ello, habría continuado acumulando expedientes sin resolver.
Además, los informes remitidos por la Secretaría de Planeamiento dieron cuenta que la “dinámica en materia de resoluciones definitivas no ha evolucionado de manera favorable durante el corriente año”. Por ello, se resolvió elevar el expediente al jury. El Tribunal resolvió iniciar el proceso.
Este Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por la presidente de la Corte Fernanda Rosales Andreotti, el senador Augusto César Ojeda, los diputados Damián Rubén Brizuela y Carlos Antonio Marsilli y los abogados del foro local María Cecilia Martin y Federico Guillermo Pague. Según la Acordada Nº 4553, de diciembre de 2023, la Corte de Justicia había designado por el período 2024, al fiscal Augusto Barros como fiscal titular y al fiscal Miguel Mauvecín como suplente.
