jueves 28 de marzo de 2024
Caso Pachao

Sin precisiones, sumariantes contaron cómo recibían directivas

También describieron las instalaciones del precinto que comparte el edificio con la comisaría Séptima.

Un grupo de siete testigos se presentó en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación para declarar en torno a la causa por la muerte de Diego Pachao. En esta ocasión declararon sumariantes de la Unidad Judicial Nº 7 que trabajaban por entonces, en marzo de 2012, en ese precinto. Algunos de ellos se encontraban de servicio aquella jornada, cuando el joven Pachao fue ingresado a la seccional.

La mayoría de los testigos describió cómo son las instalaciones. A la vez, indicaron que la Unidad Judicial Nº 7 y la comisaría Séptima comparten el mismo edificio. El ventiluz de un baño del precinto daba con el patio interno de la Comisaría. Algunos testigos declararon que, a veces, cuando estaba “tranquilo” podía escucharse a los internos, si conversaban en voz alta; a la vez, señalaron que sí podían escucharse gritos y que en alguna ocasión habrían escuchado una pelea entre detenidos. No obstante, indicaron que por lo general, no solía escucharse nada. Sobre el domingo 11 de marzo, recordaron no haber visto ningún accionar, pero sí que había mucha gente.

A preguntas de los defensores, contaron –sin dar demasiadas precisiones- que ante arrestos por “averiguación del hecho”, las directivas solían impartirse desde la Fiscalía de Instrucción en turno, vía teléfónica, por “motivos suficientes”. Con relación a denuncias por apremios contra personal de la comisaría Séptima, debido a que la Unidad Judicial compartía el mismo edificio, por protocolo, éstos debían radicarse en la Unidad Judicial Nº 8 –que también se encuentra en la zona norte-.

Finalizada esta ronda de testigos, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio. La audiencia se reanuda hoy, con la comparecencia de más testigos.

Corpacci

La semana pasada, el Tribunal había hecho lugar al pedido de la querella para que Lucía Corpacci sea citada a declarar como testigo en el juicio por la muerte de Diego Pachao. El pedido fue justificado debido a que había asistido al Hospital San Juan Bautista, cuando el joven se encontraba internado. En ese momento, mientras se encontraba con la madre de Pachao, Claudia Véliz, se informó el diagnóstico de Diego Pachao: muerte cerebral. Por entonces, Corpacci era gobernadora.

Actualmente, Corpacci es senadora nacional. Dada su condición, cuenta con fueros, por lo que podría apersonarse en el debate a declarar o presentar un escrito. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que la legisladora podría dar su testimonio –personalmente o por escrito- hasta mañana, cuando se diera por finalizada la ronda de testigos.

La querella también había solicitado la presencia de la exfiscal General, María del Milagro Vega. El pedido se fundamentó con el objetivo de que Vega mencione si se habían elaborado informes estadísticos en los que se consignara sobre casos de brutalidad policial, tras la muerte del joven. Este pedido no prosperó.

Expediente

La muerte del joven de 20 años se registró el 14 de marzo de 2012. Dos días antes había ingresado al Hospital San Juan Bautista, en estado crítico, trasladado desde la comisaría Séptima, en la zona norte de la Capital, donde había sido arrestado. Por este hecho, los policías Gustavo Eduardo Bulacios, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Javier Varela, Jorge Duilio Montivero y Claudio Yani Nieva llegaron a debate imputados por “vejaciones” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y Ramón Ariel Quevedo, solo por el último delito.

No obstante, tras varias jornadas y a pedido de la Fiscalía, hubo un cambio de calificación. Actualmente, los policías deben responder por "torturas seguidas de muerte" y "privación ilegítima de la libertad". Ante esta nueva acusación, los policías podrían llegar a recibir una pena de prisión perpetua.

El Tribunal está integrado por los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito.

El Ministerio Público Fiscal es representado por la fiscal de Cámara Daniela Barrionuevo y el fiscal coadyuvante Hugo Costilla, quienes están acompañados por el abogado Humberto Galíndez, en la querella. La defensa es ejercida por los abogados particulares Herman Zalazar, Víctor García, Pedro Vélez, Jorge de la Fuente, Orlando del Señor Barrientos y Marcos Gandini.

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