Sin la participación de los jueces, la asociación ilícita supuestamente acaudillada por Mario Rodrigo Del Campo no podría haber perpetrado las estafas que se le endilgan.
viernes 3 de abril de 2026
Indispensable. Las estafas endilgadas a del campo y su banda no podrían haberese perpetrado sin jueces.
Sin la participación de los jueces, la asociación ilícita supuestamente acaudillada por Mario Rodrigo Del Campo no podría haber perpetrado las estafas que se le endilgan.
El despojo de las víctimas requería la comisión de fraudes procesales que se perfeccionaban con las resoluciones y sentencias dictadas en el fuero Comercial y de Ejecución, cosa imposible sin la firma de los jueces respectivos.
Tan determinante detalle no fue advertido por el fiscal que instruye de oficio la causa, Hugo Leandro Costilla, quien corta la cadena de complicidades en el ámbito judicial en los jefes de despacho.
Esta decisión procesal no puede dejar de llamar la atención. Costilla tenía en su poder desde noviembre de 2023 una denuncia penal que objetaba el desempeño de la jueza María Virginia Cano, titular del Juzgado Comercial de Primera Instancia y de Ejecución Nº2, en una maniobra fraudulenta que implicaba a Werfil Vega, la abogada Grisel Gordillo y Del Campo, tres de los miembros fundadores de la organización delictiva que viene siguiendo, según dice, desde 2021.
La denuncia había sido radicada por el feriante José Lisandro Herrera, a quien Vega le había trabado demanda ejecutiva por una deuda cercana a los 7 millones de pesos en base a un pagaré evidentemente adulterado. Vega era patrocinado por Gordillo y Del Campo intervino en la procuración del expediente sin estar autorizado.
La denuncia del feriante incluía datos importantes para la pesquisa de Costilla. Consignaba, por ejemplo, que en el Juzgado de Cano se tramitaban nada menos que 46 expedientes de ejecución instigados por Vega con el patrocinio de Gordillo. Señalaba también una curiosidad: en todos sus planteos, la dupla vega-Gordillo recusaba sin causa al titular del Juzgado de Ejecución de Tercera Nominación, prurito que para el denunciante obedecía a que tal ámbito no era hospitalario o propicio para los enjuagues que pasaban en el de Cano.
Salvo que no haya leído la denuncia, Costilla accedió a estos datos cuando ya tenía en marcha la investigación sobre la asociación ilícita, iniciada dos años antes.
La jueza María Virginia Cano era la única pieza imprescindible para que los investigados pudieran perpetrar los despojos. Por mucha información que les proporcionaran en Catastro, el Registro de la Propiedad y los propios juzgados, por eficaces que fueran las manipulaciones de los expedientes en los niveles medios y bajos, nada podían hacer si la jueza no estampaba la firma.
Sin embargo, ni siquiera es mencionada por el fiscal en la narración de los hechos, a pesar de que haber imputado a cuatro de sus empleados.
Cano es, por otra parte, la jueza de las quiebras de Edgar Adhemar Bacchiani, en la que se negó a realizar peritajes caligráficos sobre alrededor de 2.000 pagarés presentados por presuntos acreedores que el “Trader God” asegura no haber firmado. O sea: se conduce en la quiebra de Bacchiani del mismo modo que en el caso denunciado por el feriante, dando por sentada la legitimidad de instrumentos ejecutivos y rechazando un procedimiento elemental como son las pericias caligráficas para descartar o confirmar defraudaciones.
La Secretaría de Sumarios de la Corte tiene conocimiento de la denuncia del feriante y no se sabe que haya tomado medidas. Tampoco hay, todavía, pronunciamientos al respecto de la Asociación de Magistrados que con tanta celeridad salió a pedir un pronto y transparente esclarecimiento de las correrías supuestamente protagonizadas por Del Campo y sus colegas. El Colegio de Abogados guarda silencio.
Nadie señaló tampoco lo obvio: sin la participación de los jueces no habría delito.
Catamarca asiste a un escandaloso caso de fraudes procesales en cadena que inexplicablemente no involucra a ningún magistrado, ni siquiera por negligencia o inoperancia.