La instancia fue convocada por el juez Cormick para abordar la falta de aplicación de la Ley 27.795.
En una audiencia clave celebrada ayer viernes, representantes del Poder Ejecutivo y rectores de las universidades públicas se sentaron frente al juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El encuentro, solicitado por la Universidad de Buenos Aires y aceptado por el Gobierno, tuvo como único eje la creciente controversia por la falta de aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El trasfondo del conflicto se remonta a la promulgación del Decreto 759/25, mediante el cual el presidente Javier Milei condicionó el presupuesto sancionado por el Congreso, generando un retraso en la asignación de partidas que derivó en amparos colectivos y medidas de fuerza por parte de gremios docentes. A pesar de que el Poder Legislativo insistió en la validez de la ley tras el veto presidencial, el Ejecutivo no cumplió con la recomposición salarial para docentes y no docentes ni con la actualización de las becas Progresar, tal como lo ordena una medida cautelar ratificada por la Corte Suprema en junio.
Durante la audiencia, el juez Cormick no dictó una resolución de fondo, sino que se limitó a escuchar a ambas partes y dejar asentados sus planteos en un acta.
Desde el sistema universitario ratificaron su reclamo para que se dé cumplimiento efectivo a la medida judicial, mientras que el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, mantuvo su postura sin alcanzar un acuerdo.
El desenlace del conflicto sigue abierto y las próximas semanas serán determinantes.
En medio de este escenario de incertidumbre, Fernando Morales, secretario general del Gremio Docente Universitario (GDU), expresó con dureza la situación que atraviesan los trabajadores de la educación superior. Morales no solo criticó la postura del Gobierno, sino también el rol que, a su juicio, están jugando las propias autoridades universitarias.
"Lamentablemente otra vez estamos con medidas de fuerza debido a que el Gobierno Nacional incumple una ley, incumple una cautelar y obliga nuevamente a las asociaciones gremiales a hacerle recordar que el Gobierno está para cumplir la ley", afirmó, en referencia al reciente paro total de actividades que afectó también a la Universidad Nacional de Catamarca.
El dirigente sindical fue contundente al señalar que, en lugar de coordinar acciones conjuntas para "doblegar al gobierno", algunas autoridades universitarias estarían adoptando una actitud que, a su criterio, resta fuerza al reclamo docente. "Ellos nos entregaron después de dos años y medio de lucha cuando firmaron esa acta el diez de junio. Hoy el gobierno se agarra justamente de esa acta para no cumplir la ley. Eso fue casi una traición", sentenció.
Morales también puso el foco en la crisis salarial que golpea al sector: "Más del 70 % de los docentes universitarios estamos por debajo de la línea de la pobreza. Un profesor titular con veinte horas de dedicación y treinta años de servicio no va más allá de un millón seiscientos o un millón setecientos pesos".
Además, criticó la falta de inversión en capacitación y posgrado, señalando que los docentes deben pagar de su bolsillo cursos, congresos y especializaciones para no quedar fuera de los concursos. "La universidad es un espacio de grado y posgrado, y ahí tenemos que apuntar. No se puede estar con discursos paralelos que parecen decir que todo anda bien", agregó.
Por último, adelantó que el próximo martes se realizará un plenario de secretarios generales de CONADU, donde se evaluarán nuevas medidas de fuerza. "El Frente Sindical Universitario ya está llamando a un paro y movilización para el 27 y 28 de este mes. Vamos a resolverlo ahí, pero si esto se sigue dilatando, no habrá otra salida", concluyó el secretario general del GDU.