Sin articulaciones con Salud, "se agotan las instancias judiciales"
La fiscalía pidió una pena de dos años y tres meses en suspenso. La defensa, la absolución por el beneficio de la duda.
Los constantes hechos de inseguridad tienen una arista que entra en conflicto con la Salud Mental y la discapacidad. En ocasiones, algunas personas denunciadas tienen algún padecimiento mental o están condicionadas por una discapacidad. El caso testigo se dio a conocer esta semana. Una mujer fue denunciada por sustraer un teléfono celular de un comercio del centro capitalino. Personal de la Dirección de Investigaciones Judiciales, bajo las órdenes del fiscal de instrucción de turno, Jonathan Felsztyna, concretó un registro domiciliario en una vivienda ubicada en el barrio 172 viviendas y en menos de 24 horas de denunciado el hecho se recuperó el equipo.
La propietaria, tras la denuncia, en redes sociales, compartió imágenes de una cámara de seguridad. La sospechosa fue reconocida por otros comerciantes, que fueron víctimas en sus propios locales.
Según se informó, la sospechosa realizaría el mismo modus operandi. Ingresa al local, hace una consulta, aprovecha la mínima distracción, se lleva lo primero que encuentra a mano y se da a la fuga en un taxi o remís. Tras ser reconocida por varios comerciantes, advirtió que la sospechosa tendría un carné de discapacidad. Fuentes policiales consultadas por El Ancasti informaron que la mujer denunciada cuenta con varios procesos abiertos. Actualmente, de acuerdo con su planilla prontuarial, registra 11 hechos de “hurto”, uno de “robo”, tres de “amenazas”, dos de “lesiones leves” y uno de “daño”. También tiene una condena que data de marzo de 2014. En aquella oportunidad fue hallada culpable en un hecho de “robo” y condenada a una pena en suspenso.
Si bien fue denunciada y arrestada por la Policía de la Provincia en varias ocasiones, al cabo de unas horas recupera la libertad. La acusada posee un Carné Único de Discapacidad (CUD) que acredita un “trastorno cognitivo leve epilepsia, tipo de especificado”. Por esta condición requiere de un acompañante.
En este contexto, fuentes consultadas en la Fiscalía General advirtieron que en ocasiones suelen ser denunciadas personas que tienen algún retraso madurativo o tienen diagnóstico de algún padecimiento mental, como esquizofrenia u oligofrenia –una discapacidad mental grave que se caracteriza por una deficiencia en el desarrollo intelectual y alteraciones del sistema nervioso-. Por lo general, se ven involucradas en delitos contra la propiedad. No obstante, cuando son aprehendidas, exhiben el CUD, el documento y muestran su medicación. “Sacan el carné como si fuera ‘el ancho de espadas’ y se lo pegan en la frente”, comentaron.
Ante esta situación, se remarcó que en estos casos, con personas con padecimiento mental o con alguna discapacidad, la competencia material es del Ministerio de Salud. “Se agotan las instancias judiciales. Se trata de cuestiones administrativas. Nunca se articuló como corresponde. El Ministerio de Salud no adecuó las medidas”, se advirtió.
En materia de Salud Mental, la Ley Nacional 26657 estipula, en términos generales, el abordaje comunitario. La internación solamente a los fines de desintoxicación. Solamente existió una mínima posibilidad de internación cuando el paciente imputado contaba con una obra social para poder ser internado en un centro de salud mental privado.
“No hay impedimento para el delito pero sí o sí se realiza la pericia psiquiátrica con una opinión calificada. Aún con sus limitaciones pueden cometer delitos y el arresto de efectúa en el domicilio o en un centro de salud”, señalaron. Por ello, se realizan las pericias psiquiátricas, a los fines de determinar si comprende la criminalidad del acto.
Diferencias
Oportunamente, desde la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) se aclaró que existe una diferencia entre ‘discapacidad’ e ‘incapacidad’. A la vez, se remarcó que muchas veces se suele estereotipar a las personas con discapacidad en una situación de lástima.
En este sentido, se señaló que de acuerdo con la Convención de las Personas con Discapacidad, éstas son sujetos de derecho. También se indicó que suelen tener distintos niveles de conciencia. Algunos pueden entender sobre la criminalidad de un hecho y otros no. “La discapacidad está sujeta a derechos. Son personas como todos y deben saber las consecuencias de los delitos”, se sostuvo.
Denuncias y una condena
11 hechos de "hurto".
Un hecho de robo
Tres hechos de "amenazas"
Dos hechos de "lesiones leves".
Una denuncia por "daño".
En marzo de 2014 fue hallada culpable en un hecho de “robo simple”. En consecuencia fue condenada con una pena en suspenso.
El Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RNPDis), le otorgó un Carné Único de Discapacidad (CUD) por presentar un “trastorno cognitivo leve epilepsia, tipo no especificado”. Por ello, requiere de un acompañante.