Esta causa había quedado paralizada desde abril de este año por un pedido del propio fiscal Costilla.
Aunque el Tribunal de Enjuiciamiento decidió archivar el pedido de jury contra el fiscal de Instrucción n°5, Hugo Costilla, por la causa Wika, aún quedan tres procesos pendientes que recaen sobre el funcionario judicial. Uno de ellos podría reactivarse en los próximos días y es el conocido como el de las “absoluciones pagas y el asalto en Parque América.
Como se informó ayer, el Tribunal decidió ponerle punto final al proceso que se inició en base a una denuncia del empresario Cristian Guillou contra Costilla por mal desempeño de sus funciones en su intervención en la causa por el predio bailable donde también estaba involucrado el condenado "trader god" Edgar Adhemar Bacchiani. El Tribunal tomó la decisión de archivar las actuaciones luego de que el fiscal del jury, Guillermo Narváez, considerara que no había motivos para avanzar con el jury a Costilla. En este sentido, el fallo recordó que Narváez argumentó que las decisiones del fiscal cuestionado habían sido convalidadas por instancias superiores, incluida la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
Ahora, el Tribunal retoma su interés en el proceso de las absoluciones pagas que fue abierto y quedó parado en instancias avanzadas por decisión del propio cuerpo colegiado.
En este sentido, El Ancasti pudo corroborar que el Tribunal se reunirá la próxima semana para avanzar en este tema para darle una definición a la cuestión. Uno de los temas a definir es qué pasará con el fiscal natural del Jury, Augusto Barros, que había sido apartado del proceso por la causa Wika, pero su situación como fiscal oficial ante el Tribunal de Enjuiciamiento había quedado sin resolverse.
El jury por las absoluciones pagas fue solicitada por el diputado Hugo Ávila a finales del año pasado. El diputado se opuso a la homologación del acuerdo que permitió el sobreseimiento total y definitivo de los cuatro hombres que estuvieron imputados por el asalto en la vivienda de los hermanos Gustavo y Matías Rolón Reynoso (con prisión preventiva domiciliaria en el marco de la causa de RT Inversiones) en el barrio Parque América. Los asaltantes fueron Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva. Del hecho participó una quinta persona que nunca fue encontrada.
Primeramente, Ávila había pedido el jury contra Costilla y contra el juez de Control de Garantías que avaló el acuerdo entre víctimas y victimarios, Héctor Maidana, pero este último presentó su renuncia al cargo para acogerse al beneficio jubilatorio por lo que el proceso en su caso perdió materia. El Tribunal consideró admisible el planteo del diputado y corrió traslado al fiscal.
Costilla y Maidana habían sido denunciados por presunto mal desempeño e ignorancia del derecho.
El jury continuó contra Costilla y en ese sentido, el fiscal del jury, Augusto Barros, había presentado acusación contra el fiscal de instrucción. Según Barros, Costilla, durante su participación en la causa del asalto a Parque América, “incurrió en una serie de actos funcionales gravemente errados, desplegados dentro de un mismo proceso penal, que configuran una línea de conducta incompatible con los deberes propios de su cargo”.
Paralelamente a la causa en el Jury, se analizaba en la Sala Penal de la Corte de Justicia un pedido de revocar la polémica homologación que fue planteado por la fiscal nº7, Paola González Pinto, quien promovió una acción por cosa juzgada írrita por considerar que el acuerdo era violatorio del orden público.
La Sala Penal le dio la razón y anuló el acuerdo pero los abogados de las partes presentaron un recurso a la Sala Doble Conforme para revocar la medida. A la par, la defensa de Costilla pidió al Tribunal del Jury que se suspenda el proceso hasta tanto la Sala de la Corte defina el planteo de los abogados.
En voto dividido, el Tribunal aceptó el pedido de Costilla y el proceso se paralizó. Luego la Sala Doble Conforme, también en voto dividido, decidió rechazar lo definido por la Sala Penal argumentando que no tenía facultades para intervenir en la cuestión y ordenó que la acción autónoma de nulidad planteada por la fiscal Paola González Pinto sea abordada por un juez de Garantías.
El jury por este tema no avanzó desde ese momento, pero ahora esta situación podría cambiar y se podría reactivar el expediente.
