Ayer se cumplió un año del femicidio de Alicia Suárez, una mujer de años atravesada por la vulnerabilidad. Mario Carranza (64), su pareja, fue imputado por “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer en contexto de violencia de género en calidad de autor”. Desde entonces, está detenido con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario de Miraflores, a la espera del juicio.
Alicia tenía 40 años y tenía un problema de adicción. Aunque era madre, no vivía con sus hijos –ni siquiera estaba a cargo de ellos-. No habría tenido documento nacional de identidad y vivía prácticamente a la buena de Dios. Algunas de las personas que la conocieron contaron que comía en un comedor del barrio Altos de Choya. Su casa también estaba en un estado lamentable, precaria y sin servicio de energía eléctrica. Alicia vivía en una situación de extrema vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos y con un perfil socioambiental precario. Los vecinos la describieron como una persona que vivía en una habitación sin sanitario, dormía en el piso y no tenía mobiliario debido a constantes robos.
La mujer fue asesinada el 6 de abril de 2025. Su cuerpo fue hallado por un vecino, ese domingo por la tarde. Se encontraba en un estado deplorable, semidesnuda y con dos mascotas en un charco de sangre. Según el protocolo de autopsia, la causa de muerte fue un shock hipovolémico masivo con hemorragia, producto de la herida cortante en el cuello. Además, se constataron lesiones en el rostro y el abdomen.
En un primer momento, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Norte y luego la causa fue remitida a la Fiscalía de Violencia de Género. Oportunamente, Carranza, asistido por el defensor Penal Oficial de Cuarta Nominación Efraín Morcos habría solicitado un juicio abreviado –es decir, el acusado confesaba el hecho y asumía su responsabilidad-. Sin embargo, el pedido no prosperó.
A un año del femicidio de Alicia, la investigación continuaría abierta. De acuerdo con fuentes consultadas por El Ancasti, la causa aún no fue remitida a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial para la realización de un juicio por jurados.