La lujosa escapada a Marbella de Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clérici condensó, junto al incidente de Julio “Chocolate” Rigaud extrayendo medio centenar de sueldos de la Legislatura bonaerense, la angurria bulímica de un ecosistema controlado por sanguijuelas que utilizan a los pobres como pantalla para enriquecerse.
El estrago social sirve de justificativo para la derivación de recursos multimillonarios de la Casa Rosada hacia el Conurbano, pero los dos episodios marcan que se trata de un pretexto: gran parte de esos dineros, retaceados al resto de las provincias, financian el proselitismo bonaerense y el rumboso tren de vida de muchos de sus más caracterizados dirigentes.
La Provincia de Buenos Aires, epicentro del poder kirchnerista, fue el distrito más beneficiado por transferencias discrecionales durante la gestión de Alberto Fernández, con un dato estructural que es pertinente recordar: en 2020 Fernández recortó por decreto parte de la coparticipación de la CABA para asignársela al tesoro bonaerense administrado por Axel Kicillof, en el marco de una revuelta policial.
Las imágenes de Insaurralde paseando en yate por el Mediterráneo y la causa abierta contra “Chocolate” Rigaud, detenido con casi cincuenta tarjetas de débito de agentes parlamentarios en su poder, permiten inferir que Kicillof podría haber echado mano a otras cajas para satisfacer las demandas salariales de sus fuerzas de seguridad. Y más en profundidad, relevar a la Presidencia de una porción significativa de los desembolsos hacia su provincia, compensando lo que pudiera faltarle con contribuciones de una multitud de parásitos presupuestívoros.
Que se entienda bien: no es que en otras provincias no haya corrupción, incluso sistémica. Obviamente la hay, pero el del Conurbano es un problema de escala. Con casi 11 millones de habitantes, los 24 partidos del área concentran el 25% de la población del país y el 65% de la de Buenos Aires. Allí la tragedia de la pobreza y la exclusión se manifiestan con mayor dramatismo e intensidad, lo que permite a dirigentes como Insaurralde lucrar en proporciones faraónicas mientras se erigen en paladines de la justicia social. El contraste entre su obscena fortuna y las condiciones de vida en Lomas de Zamora es brutal: más del 47% de los lomenses son pobres, el 11,6% indigentes.
Las provincias argentinas financian la degradación del área metropolitana y sus gobernantes, con muy escasas excepciones, la legitiman con el silencio.
Las como mínimo benevolentes reacciones de los diferentes sectores políticos de Buenos Aires frente a los escándalos son indicio de una complicidad transversal. Antes de la apetitosa saga de Insaurralde, el caso “Chocolate” expuso esta connivencia.
Rigaud fue detenido mientras extraía de un cajero 48 salarios de empleados de la Cámara baja bonaerense, cuya conducción comparten el peronismo y Juntos por el Cambio. La causa judicial entró en el complejo derrotero de las maniobras leguleyas, pero llamó la atención que ningún dirigente de peso se pronunciara sobre el hecho. Es que Rigaud, en realidad, fue descubierto mientras operaba un dispositivo del que engullen todos: cobrar, para financiar política o preferencias particulares, los sueldos de pobres y marginales que aceptan entregarlos a cambio de aportes jubilatorios y obra social. Ni siquiera Javier Milei abrió la boca frente a tamaña prueba de las canallas prácticas de la “casta” a la que vitupera con tanto fervor.
Tampoco dijo nada del escándalo protagonizado por el apasionado Insaurralde, que al margen de sus fascinantes detalles farandulescos terminó de exhibir el extractivismo de la política bonaerense.
Intendente de Lomas de Zamora, el segundo padrón más voluminoso del Conurbano después de La Matanza, Insaurralde es heredero de una dinastía política vinculada al negocio del juego. Cristina y Máximo Kirchner lo seleccionaron para sostener la relación con los barones del Conurbano en 2010, cuando se produjeron dos acontecimientos determinantes: un accidente cerebrovascular que invalidó al líder de La Matanza Alberto Balestrini mientras se desempeñaba como vicegobernador de Daniel Scioli y la muerte de Néstor Kirchner.
Balestrini había sido ariete central de Néstor para arrebatarle Buenos Aires a Eduardo Duhalde. Para cubrir el vacío, Cristina y Máximo recurrieron a Insaurralde, que había ganado la intendencia de Lomas en 2009. A partir de allí, la influencia del lomense, y su impunidad, crecieron de modo exponencial.
En 2013 enfrentó a Sergio Massa a la cabeza de la lista de diputados nacionales de Buenos Aires y perdió. En 2021, tras la derrota de las PASO, los Kirchner lo ungieron Jefe de Gabinete de Kicillof: una intervención que el gobernador aceptó mansamente.
El presidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires embadurnada por el caso “Chocolate” es Federico Otermín, hombre de Insaurralde y candidato a sucederlo en la Intendencia de Lomas.
Conexión indicativa: la caja de la timba bonaerense confluye con la Legislativa en el financiamiento de proselitismo y placeres. Son solo dos emergentes de un sistema corrupto que se solventa a costillas de todo el país, del que Martín Insaurralde es paradigma y vértice.
A él, y tantos como él, le calza al pelo el concepto que el ultrakirchnerismo acuñó para desacreditar a los dirigentes de las organizaciones sociales que no se le subordinan: gerente de la pobreza.