La Cámara Federal de Casación Penal denegó por inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner mediante el cual pretendía que la Corte Suprema revise la recusación contra el juez Diego Barroetaveña y el fiscal Mario Villar, que intervienen en la causa “Vialidad”. El tribunal debe resolver si confirma, revoca o modifica las condenas impuestas a la expresidenta -de seis años de prisión- junto al empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros funcionarios.
A fines de febrero, la defensa de Cristina Kirchner pidió apartar al fiscal Mario Villar que horas antes había pedido agravar su sentencia y condenarla a 12 años de cárcel, como solicitó el fiscal Diego Luciani durante el juicio oral en la acusa de asociación ilícita. La defensa también pidió apartar al juez Diego Barroetaveña.
Según su planteo, existían “circunstancias objetivas” que ponen en crisis la objetividad del fiscal y la imparcialidad del juez. Apuntaban a las supuestas contradicciones del Ministerio Público sobre cuántas asociaciones ilícitas integró la exjefa de Estado, teniendo en cuenta las causas Hotesur-Los Sauces y esta causa, que ahora se está analizado. Y también a que cuando el magistrado votó junto a su colega Daniel Petrone la reapertura del expediente Hotesur-Los Sauces, de manera que ya “prejuzgó”, según la interpretación de la defensa de la expresidenta.
Ese planteo fue rechazado por Casación, pero la defensa presentó un recurso extraordinario con vistas a que esa decisión sea revisada por la Corte Suprema. Ayer los jueces de la Sala IV de Casación Gustavo M. Hornos –Presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña rechazaron el pedido. La defensa tendrá que ir en queja al máximo tribunal.
En diciembre del 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. La vicepresidenta, además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
