Un grave caso de explotación infantil estalló en las últimas horas en el hogar Nido de Águila, ubicado en la zona de La Capilla, Florencio Varela, que acoge a niños en situación de vulnerabilidad.
Un grave caso de explotación infantil estalló en las últimas horas en el hogar Nido de Águila, ubicado en la zona de La Capilla, Florencio Varela, que acoge a niños en situación de vulnerabilidad.
El viernes, la Policía Bonaerense arrestó a las dueñas del hogar, acusadas de someter a 13 chicos que debían proteger, a una situación de trabajo esclavo. Incluso, se las acusa de negarles la comida. La investigación por el delito de reducción a la servidumbre, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, de la UFI N°8 de Berazategui, determinó que los chicos supuestamente debían realizar tareas de albañilería, cortar cañas con machetes para construir cercos y juntar en carretillas las heces de 31 perros y dos caballos.
También debían ocuparse de limpiar la casa y mantener a los animales del lugar. “Estas tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, aun con lluvia y a la intemperie. También eran privados de alimento, expulsados al exterior en jornadas de frío o durante la noche si se resistían y se les prohibía mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar", asegura un informe de la Justicia. Los niños, incluso, debían dormir con los perros del lugar.
La denuncia que dio origen al caso fue realizada por un un niño que había pasado por el lugar, hoy adolescente. El área de Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui, a cargo del Subcomisario Matías Giménez, allanó el lugar e incautó computadoras y celulares, además de arrestar a las acusadas.
En paralelo, se investiga un posible hecho de encubrimiento agravado. Dos mujeres, identificadas también en la causa, “se valieron de su condición de funcionarias públicas del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza” para proteger a las dueñas del lugar, asevera otro documento de la causa. La “información privilegiada” que recibían de la Dirección Provincial de Coordinación de Servicios Zonales y Locales habría sido utilizada para alertar a las dueñas del lugar de inspecciones judiciales que se realizaron en el lugar el 26 de febrero.