Sigue el déficit. Para economistas
ortodoxos, Caputo “dibuja” el superávit fiscal.
El gobierno nacional exhibió durante el Coloquio de IDEA lo que considera las pruebas del éxito de su plan económico: el superávit fiscal, la baja de la inflación y la relativa estabilidad del precio del dólar blue. La mirada oficial destacando logros vinculados a las finanzas macroeconómicas omite, sin embargo, información respecto de las consecuencias que provoca la política de estricto ajuste fiscal: incremento de la pobreza, la indigencia y el desempleo, caída abrupta de la actividad económica en general, con picos altísimos en el consumo y la actividad industrial, por ejemplo. Este impacto corrobora que no es la “casta política” la afectada por el plan, sino los asalariados (formales e informales), jubilados y pensionados, comerciantes y empresarios industriales vinculados al mercado interno, fundamentalmente.
Un informe recientemente publicado por el Centro de Economía Política (CEPA) mostró con estadísticas precisas cuáles fueron los sectores más afectados por el ajuste que implementó el gobierno nacional para llegar al superávit que ostenta, resultado que por otro lado es cuestionado como falso por economistas ortodoxos, como ya se explicará. Según CEPA, cada 100 pesos de caída del gasto público, 25,3 pesos se los quitaron a las jubilaciones, 23,7 pesos a la obra pública, 13,4 pesos a los subsidios -por los aumentos de tarifas-, 12,3 pesos a gastos en el Estado –sobre todo por los despidos-, 10,6 pesos a prestaciones sociales –por el desfinanciamiento de programas sociales y asistencia a comedores- y 7,7 pesos a transferencias a las provincias.
Al comienzo de la gestión, el propio Javier Milei anticipó los efectos de la política de ajuste, pero prometió que luego del cimbronazo inicial, a partir del segundo semestre la economía iba a empezar a crecer, logrando un efecto de “V”. Es decir, que a partir de julio aproximadamente el crecimiento económico iba a ser tan rápido como la caída operada en el primer semestre. A pocos días de comenzar noviembre la recesión se profundiza. En septiembre, por ejemplo, la caída del consumo fue histórica: más del 22%, una baja que no se registraba desde hacía cuarenta años.
Por otro lado, el diseño del presupuesto nacional para el año que viene anticipa más ajuste y por ende no prevé mejoras en los sectores ahora afectados: comercio e industria. La tendencia preocupa a los industriales, incluso a los grandes, presentes en el Coloquio de IDEA, que ya cuestionan abiertamente el rumbo de la economía, que prioriza lo financiero desdeñando lo productivo. La empresaria Carolina Castro, dueña de una autopartista, dijo en una ponencia: “Argentina está yendo hacia un nuevo péndulo. Quiero advertir sobre el riesgo de un Estado ausente”.
El panorama es más incierto porque el argumento central de la gestión –el superávit fiscal- está siendo puesto en duda. Según economistas y consultoras privadas ligadas al pensamiento ortodoxo, si el gobierno computara como gasto los intereses que generaron las Letras Capitalizables (Lecap), en los primeros 9 meses del 2024 tendría un déficit financiero de $3,32 billones, en vez de los casi $2 billones de superávit que exhibe. Carlos Rodríguez, que fue asesor de Milei hasta el año pasado, explicó que decir que el Estado argentino tiene superávit “es una chantada”. “El déficit sigue. No engañan a nadie, solamente pierden credibilidad”, añadió.
Otros datos conocidos la semana pasada ponen en crisis el relato oficial sobre los logros macro. En lo que va del gobierno de Milei la deuda pública creció en U$S 89.404 millones, alcanzando un nivel récord en la historia argentina: U$S 460.068 millones. Y las inversiones que se auguraban en forma de lluvia, como durante el macrismo, no llegan: cayeron este año un 25% en comparación con el año pasado. Es que resulta inviable, económica y socialmente, un modelo económico con los logros macros relativizados y con más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza.
