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SUSCRIBITESi bien la ciudad de Rosario se ha convertido, merced al crecimiento exponencial de la gravitación de las bandas narcos, en un territorio de una violencia extrema, con una tasa de homicidios muy por encima del promedio nacional, la lógica del funcionamiento del negocio del tráfico ilegal de estupefacientes es la misma que en el resto de las ciudades medianas y grandes de la Argentina. Solo que en la principal ciudad santafesina el negocio ha adquirido una envergadura formidable.
Rosario tiene, según los expertos, peculiaridades que la convierten en un centro urbano propicio para que el negocio ilegal se expanda rápidamente. Al margen de los vaivenes constantes de la economía nacional, tiene un movimiento de dinero importante, también superior al promedio de las grandes capitales. Es una ciudad hiperconectada, donde converge una gran cantidad de rutas provinciales y nacionales y dispone de un puerto de mucha actividad para vincularse con el resto del mundo.
Estas condiciones básicas permitieron que el negocio del narcotráfico creciera de un modo descomunal en lo que va del siglo. Pero, como sucede en otras ciudades, la expansión se basó en el crecimiento de la demanda, es decir, la multiplicación de consumidores; se organizó según criterios territoriales y se consolidó a partir de lograr márgenes amplios de impunidad al contar con la complicidad de sectores de la Policía, de la Justicia y del poder político.
El abordaje del problema del narcotráfico en la Argentina, y en Rosario en particular, carece, según lo evidencian los resultados, de eficacia. Ninguno de los gobiernos municipales de Rosario, provinciales de Santa Fe o nacionales de los últimas dos décadas, por lo menos, han logrado tener éxito. Hay un combate del narcomenudeo, y se les abren causas a consumidores, pero las grandes bandas siguen operando con autoridad, aun cuando, como en el caso de Los Monos, tengan a sus cabecillas presos.
Es muy difícil establecer una lucha seria contra el narcotráfico si se omite la trama de complicidades que se expande como metástasis en el cuerpo social. O se persigue a adictos, para exponer luego estadísticas de causas abiertas que tienen como destino inevitable el archivo, sobre todo luego del “fallo Arriola”, pronunciamiento de la Suprema Corte que reconoce la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de droga para consumo personal en el ámbito privado.
No será posible el combate al narcotráfico si no se desarma esa red de complicidades, y si no hay un enfoque más amplio, que al de la seguridad le añada otros modos de encarar el problema, promoviendo políticas de prevención de adicciones, o medidas que propicien una mayor igualdad social y de oportunidades de progreso, por ejemplo, para los jóvenes de sectores vulnerables que terminan siendo reclutados por las bandas delictivas.
Si no hay un abordaje integral, los tradicionales operativos de las fuerzas de seguridad -por otra parte muy contaminadas por el negocio clandestino-, no tendrán el objetivo buscado de menguar la incidencia del narcotráfico en la sociedad.
