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Editorial

Recursos de la Democracia para dirimir controversias

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27 de marzo de 2022 - 01:10

Una manera eficaz de resolver controversias acerca de temas estratégicos en la vida de una sociedad es someterlas al veredicto de una consulta popular. Argentina tiene, en comparación con otros países, una pobre tradición en la utilización de estos mecanismos de democracia semidirecta contemplados constitucionalmente desde la reforma de 1994.

Otras naciones, en cambio, suelen usarla con frecuencia, y logran el efecto buscado que es dirimir de manera pluralista los conflictos existentes en el seno social en torno a temas puntuales. Uruguay es un ejemplo del uso virtuoso de estos mecanismos. Hoy domingo los uruguayos concurren a las urnas para decidir si se derogan 135 de los 475 artículos de la polémica Ley de Urgente Consideración, aprobada a mediados de 2020, que implica reformas de fondos entre las que se cuentan privatizaciones de empresas estatales, límites al derecho de huelga y más poder a las fuerzas policiales. La convocatoria al referéndum se logró recolectando firmas hasta alcanzar el 25% del electorado.

Ya en 1917 Uruguay celebró una consulta popular para reformar la Constitución, pero el uso de este instituto se hizo muy frecuente en los últimos 30 años. Desde 1989 hasta la actualidad hubo 22 consultas sobre distintos temas, todos ellos importantes.

La última consulta popular convocada en Argentina data de 1984: fue no vinculante y se refería a una propuesta de paz con Chile en el marco del conflicto por el canal de Beagle. Tal vez se recuerde más el debate entre el entonces canciller Dante Caputo y el senador catamarqueño Vicente Saadi que la consulta en sí misma.

Pero la regulación de los mecanismos de democracia semidirecta llegó recién con la reforma de la Constitución nacional de 1994. Desde entonces se contemplan la iniciativa popular y la consulta popular. La iniciativa popular permite a los ciudadanos la presentación de proyectos de ley al congreso nacional sobre diversos temas de su interés, y el cuerpo legislativo deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. La consulta popular procura la manifestación de la opinión de la ciudadanía a través del sufragio, y la reforma la incorpora en forma vinculante y no vinculante.

En Catamarca la regulación es anterior. Está en la Constitución de 1988, que en su artículo 129 instituye la consulta popular. El artículo 247, por su parte, en su tercera parte establece que los derechos de iniciativa, referéndum y consulta popular deben estar asegurados en las cartas orgánicas de los municipios.

En un país como la Argentina, que se caracteriza por los debates permanentes y las controversias que dividen en bandos opuestos a la sociedad, la utilización de estos recursos sería una alternativa muy interesante a la cual apelar para evitar que las diferencias escalen en su intensidad de manera innecesaria, y para garantizar que la opinión mayoritaria de la ciudadanía sea atendida, algo que no siempre sucede a través del mecanismo de la representación parlamentaria.

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