Habían solicitado que el acusado por el hecho sea imputado por ensañamiento y odio de género.
La fiscal de Recreo, Jorgelina Sobh rechazó el pedido de cambio de calificación legal solicitado por la abogada que representa a la familia de Milagros Vázquez (23), brutalmente asesinada en el departamento La Paz en julio de este año.
El acusado, Juan Carlos Aguilar (53), que era pareja de la joven, está detenido con prisión preventiva en el penal de Miraflores, imputado por “homicidio doblemente agravado calificado por haberse cometido contra una persona con la cual mantiene una relación de pareja y por femicidio en concurso ideal en calidad de autor”.
La querella, a cargo de la abogada Marcela González, solicitó recientemente a esa fiscalía que se modifique la imputación a “homicidio cuádruplemente agravado por mediar una relación de pareja, ensañamiento, odio hacia el género femenino y por femicidio, en concurso ideal y en calidad de autor”.
La fiscal no hizo lugar al pedido y en sus fundamentos, advirtió que la calificación por ella realizada “fue confirmada” por la jueza de Control de Garantías al dictarle la prisión preventiva y señaló que esa decisión del Juzgado no fue apelada por la abogada para solicitar la modificación de calificación legal.
En este contexto, la querellante consideró que se trata de un nuevo “abandono por parte de la Justicia. El Código Procesal de la Provincia dice que la calificación legal es variable, porque la jueza de Control no dictó sentencia sobre la calificación legal. La jueza no está calificando”, en su resolución, aseguró.
Sostuvo además que “nadie de la Justicia me puede decir que el femicidio abarca la generalidad de la violencia de género dejando afuera el odio hacia mujer.
Por algo los legisladores hicieron el artículo que habla sobre el odio racial, religioso o de género o por la inclinación sexual”.
Consideró que Aguilar “la mató porque odiaba el género femenino” y aseguró que “esta querella trató de demostrárselo a la Justicia mediante los argumentos salidos del expediente.
Es la etapa de instrucción penal preparatoria y lo que dispuso el Juzgado de Control no es una sentencia. No hicieron lugar a lo que pedimos, ni siquiera al ensañamiento con el que la mataron”.