La resolución en la que se dio a conocer el procesamiento con prisión preventiva para las caras visibles de la empresa Adhemar Capital, trajo sus coletazos en lo que respecta a la declinación de competencia parcial y, la decisión del juez federal Miguel Ángel Contreras de que las causas por estafas y asociación ilícitas sean investigadas por la Justicia ordinaria.
La resolución de Contreras va a disparar seguramente la respuesta negativa de parte de la Fiscalía General. Ya pasó en los últimos días en el caso RT Inversiones, luego de que el juez de la causa, Sebastián Diego Argibay, declinara la competencia de manera parcial y sostuviera que solamente la "intermediación financiera no autorizada" debía ser investigada por el fuero federal. Desechó la posibilidad de que existiera el lavado de activos.
Su decisión trajo la respuesta de la Fiscalía General que se declaró incompetente. La cuestión fue elevada al juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, quien entendió que no podía expedirse hasta tanto la Cámara Federal resuelva las apelaciones presentadas por las partes. El expediente regresó a Fiscalía.
En este escenario se conoció que Contreras ordenó informar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la declinación de competencia. Este punto es trascendental ya que el máximo tribunal local debía definir la pugna entre la Justicia provincial de Córdoba y el Juzgado Federal local para dirimir quién debía investigar a Bacchiani. El expediente en Córdoba avanzó y a mediados de mayo, la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Valeria Rissi, había dictado la prisión preventiva para el acusado de múltiples estafas.
En ese sentido, en la resolución del juez Contreras se menciona que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que el delito de estafa debía ser investigado por la Justicia ordinaria.
Resta conocer la resolución de la CSJN que podría resolver en la cuestión o dejar sin materia la discusión ante la declinación de competencia del Juzgado catamarqueño.
En la resolución de Contreras se hace mención de que en una primera instancia se habían solicitado las actuaciones a otras jurisdicciones porque "hasta dicho momento las particularidades del caso no permitían descartar que todos los hechos formen parte de un único contexto delictivo, por lo que para una mejor administración de justicia era aconsejable que la investigación quede a cargo de un único tribunal".
Contreras expresó que "luego de haber efectuado más de un centenar de medidas probatorias", tomaron la decisión de desglosar el expediente y continuar con la investigación en el Juzgado Federal por la "intermediación financiera no autorizada".
A su vez, manifestó que los "hechos endilgados por el Ministerio Público Fiscal no se subsumen por el momento en la figura de lavado de activos".
