jueves 11 de agosto de 2022

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Denuncia contra Guaraz

"Que la mujer pueda ser escuchada en condiciones de igualdad y equidad"

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos dio a conocer los fundamentos de su resolución.

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29 de junio de 2022 - 23:55

Hace un año, Elpidio Guaraz, intendente de Santa Rosa, fue denunciado por abuso sexual. Si bien hasta la fecha no fue imputado, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos resolvió que la joven denunciante declare. Es que la joven presentó escritos pero no tuvo la oportunidad de expresar verbalmente y contar su versión. De momento, las medidas tomadas fueron en base a escritos. Ella no tuvo la oportunidad de contar su versión con sus palabras y ser escuchada.

El Ancasti tuvo acceso a los fundamentos del Tribunal de Alzada. Tales se basaron en la Ley Nacional 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Esta normativa nacional reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos, entre éstos, el acceso a la Justicia. En el artículo 5, inciso k, se establece que las personas víctimas tienen derecho a “ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente”.

El Tribunal de Alzada estuvo integrado por los jueces Elena Berrondo Isí, Edgardo Álvarez y Patricia Olmi. Los magistrados remarcaron que la investigación penal busca reunir elementos probatorios y, en este caso, formular la acusación o solicitar el sobreseimiento. En esta etapa, explicaron, al fiscal de Instrucción se le otorga una serie de atribuciones probatorias y coercitivas para llevar adelante su tarea específica. “En función de esas atribuciones probatorias, el representante del Ministerio Público debió ordenar la declaración testimonial de la joven porque a pesar de existir una denuncia, ésta no puede reemplazar el valor, que para las partes y para el proceso, puede llegar a tener la mentada declaración. Repárese que los representantes del Ministerio Público Fiscal, en sucesos como éste que se investiga, deben obrar con debida diligencia reforzada. Esto es, investigar a través de mecanismos idóneos que tienen por finalidad que la mujer tenga un acceso efectivo a la justicia y que pueda ser escuchada en condiciones de igualdad y equidad. Entre las pautas de actuación que exige la debida diligencia reforzada, además de la investigación con perspectiva de género desde las primeras diligencias procesales, se requiere que actúe con proactividad y con exhaustividad en la investigación”.

En este sentido, se indicó que no se advierte que desde el momento de la mentada denuncia hasta el presente, se haya producido un avance significativo en la investigación. A la vez, consideraron que “resulta inconciliable la falta de diligencia del Ministerio Público Fiscal en el legajo bajo examen.

Así, en este caso concreto, no surgen motivos que fundamenten la ausencia de la declaración testimonial de la joven, una vez conocido el hecho que se investiga”. Esta decisión, señalaron, le compete al órgano acusador en su caso -aconsejado por profesionales especialistas en psicología, indicar el momento y modalidad adecuados para llevar a cabo dicha prueba-.

El Tribunal de Alzada consideró que la recepción de la declaración testimonial de la joven, por el órgano acusador, “puede, en su caso, permitir el ingreso de la versión directa y personal de la denunciante”. Para los camaristas, de esta manera, la denunciante puede contar directamente sus vivencias e “ilustrar los extremos fácticos, en torno a la investigación en curso”. “Ello de ninguna manera importa vulneración alguna de derechos.

En todo caso, la decisión es respetuosa de nuestro sistema constitucional, en cuanto postula el derecho de la víctima a ser escuchada a través de un acto procesal, como lo es la prueba testimonial, que le permita expresarse en relación al suceso que denuncia”, destacaron.

En este marco, advirtieron al recibirle declaración testimonial a la joven se respeta lo estipulado en la Ley Nacional de Personas Víctimas de Delitos y las Cien Reglas de Brasilia –normativa internacional con rango constitucional-. De esta manera, se le permite ser escuchada y dar su propia versión de los hechos”.

Derechos y garantías

Además, se señaló que luego de poner de resalto la importancia de la declaración testimonial de la denunciante, en el marco del proceso penal conforme a derecho, existe lo que se denomina “bilateralidad de las garantías”. Tales se proyectan tanto al imputado como a la víctima, aclararon. “No se trata de nueva declaración. En todo caso, será la primera y única declaración en el marco de esta investigación. Si bien es cierto que la denunciante fue convocada a fin de realizar una pericia psicológica y que también ha formulado una denuncia por escrito, no obstante, ambos actos no pueden reemplazar la declaración de quien, por tener -en su caso- un conocimiento directo y personal sobre los sucesos, se puede expresar con precisión, claridad y en forma detallada en torno a lo sucedido”, precisaron.

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