Proponen que la Caja de Créditos embargue a TextilCom
Como medida preventiva por las cuotas que pueda adeudar la empresa, ya que tomó un préstamo de $40 millones en 2022. Sigue la toma de la planta.
Los trabajadores despedidos de TextilCom cumplieron su cuarto día de protestas y se movilizaron a Casa de Gobierno para visibilizar el reclamo y exigir una rápida respuesta del Gobierno. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Hugo Ávila (FAC) presentó un proyecto con el que busca que el Ejecutivo trabe embargos a la empresa de Carlos Vilariño por las cuotas que la firma pueda adeudar del crédito al que accedió para su instalación. En paralelo, ayer se reunió la comisión de Industria de Diputados y convocó para el próximo lunes al ministro Sebastián Caria para que informe detalles sobre las negociaciones con posibles inversores.
Se trata de un proyecto de resolución con el que Ávila propone que la Cámara le solicite al gobernador Raúl Jalil “que trabe embargo de los bienes de capital de la fábrica TextilCom de manera urgente”, al señalar que “su dueño está adeudando el pago de un crédito a tasa subsidiada que le concedió la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial”, en relación con la ex CAPRESCA. Además, propone que el Gobierno “intime al dueño de la fábrica a abonar los sueldos de abril, parte de mayo, la liquidación final, deudas previsionales y de más cargas patronales”.
Ayer, los empleados expresaron su preocupación ante versiones que les llegaron respecto de que les ofrecerían apenas el 50% de sus indemnizaciones.
“Esta fábrica, que fue inaugurada en 2022, recibió de parte del Estado provincial $40 millones de un crédito de la ex CAPRESCA a tasa subsidiada, y otro de $80 millones del Banco Nación. También recibía beneficios del Estado provincial y nacional para pagar los sueldos o parte de ellos. Era, en definitiva, un modelo de desarrollo industrial mixto donde tenía una activa participación el Estado y que al gobierno de Jalil le servía para elaborar el relato de que Catamarca era la primera provincia a nivel nacional en generar empleo privado. Como vemos hoy, ese relato chocó con la realidad y tuvo una vida muy efímera”, fundamentó el diputado.
En esa línea, remarcó que hay 133 familias que “están sufriendo las consecuencias de la pérdida de su fuente de trabajo”.
“Es de esperar que el Estado actúe con la misma rapidez y sensibilidad que demostró para subsidiar a un empresario foráneo, que ya tenía antecedentes negativos de montar fábricas a partir de recursos del Estado y que después rápidamente cerraba ante el primer inconveniente o vaivén de la economía”, reclamó Ávila. La misma situación se dio con la planta de TextilCom en La Rioja, donde también se había instalado por el régimen de promoción para textiles y calzado que se lanzó en la gestión del presidente Alberto Fernández.
Reclamo a Trabajo
La diputada Silvana Carrizo, presidenta del bloque UCR, expresó su preocupación por la inacción del Ministerio de Trabajo de la Provincia, al comentar que el secretario del SOIVA, Raúl Rivero, les comentó que “hace tiempo viene denunciando ante los ministerios las irregularidades que los trabajadores padecen”. Carrizo vinculó esto con las irregularidades de la minera Zijin-Liex y enumeró reiterados incumplimientos del régimen laboral, las condiciones higiene y seguridad, el exceso de horas de trabajo, falta de atención médica, entre otras; y consideró que las sanciones deben ser “ejemplificadoras” e insistió en que “no se puede seguir solo con acciones preventivas, cuando hace dos años la ministra Soria viene dando la misma respuesta”.
Según señaló Carrizo, la propia ministra de Trabajo, Verónica Soria, reconoció que la situación en TextilCom “viene hace algunos meses” y dijo que “no se puede entender que se escuden en sus competencias específicas para no ir trabajando coordinadamente con el Ministerio de Industria y con quien corresponda, para evitar que los trabajadores queden en la calle y con incertidumbre”. “Hay un despilfarro de recursos en una política pública de radicación de empresas sin control y de generación de un empleo privado precario y que no garantizaba su perdurabilidad en el tiempo. Hoy no tenemos el régimen de promoción nacional y la Provincia no hizo nada”, cuestionó.
Carrizo quedó molesta por el “poco tiempo” de la reunión que tuvieron con Soria el jueves y por las pocas respuestas obtenidas. “Más allá de que nos pidió que hagamos el pedido formal, los escritos de contestación son muchas veces letra bonita de una política ineficiente. Necesitamos un diálogo sincero y que dé respuesta a los problemas de los catamarqueños, no una exposición de lo que ella cree que hace bien, como su disertación en Ginebra, que no trajo ningún beneficio más que seguir gastando en viáticos”, apuntó.
Trabajo en comisión
Por otra parte, la comisión de Industria de la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes del diputado oficialista Pablo Castro, que solicita detalles sobre las empresas radicadas en la provincia y los beneficios provinciales y nacionales que recibieron en los últimos cuatro años, cantidad de puestos laborales generados, condiciones de contratación y medidas de contingencia implementadas para evitar futuros cierres. Además, se acordó una reunión para el próximo lunes a la que citaron al ministro de Industria, Sebastián Caria, “con el objetivo de profundizar sobre las acciones que se implementan y consultarle diversas inquietudes” relacionadas con este conflicto. Caria dijo en declaraciones públicas que trabajan para encontrar un inversor que se haga cargo de la planta.
Movilización a Casa de Gobierno
Los empleados de la fábrica permanecen en la planta a la espera de novedades. Sin embargo, ayer un grupo marchó hasta Casa de Gobierno para exigir respuestas. Juan Saracho, uno de los delegados, lamentó que como única novedad circula un rumor sobre un ofrecimiento del 50% de las indemnizaciones.
Los empleados ya comenzaron a recibir los telegramas de despido de la fábrica, que esperan una solución para mantener sus fuentes laborales. El Gobierno busca un inversor para la fábrica.
