“Es claro que los casos de femicidios a manos de algún integrante de las fuerzas de seguridad son moneda corriente en nuestro país, reproduciéndose en cada pueblo y espacio del territorio, acabando con la vida de cientos de mujeres. En lo que refiere al ámbito provincial, Catamarca no es la excepción. Recordemos que uno de los sucesos locales más resonados ocurrió en diciembre de 2019, cuando el oficial inspector de la Policía catamarqueña Walter Mariano Tula asesinó a Antonella Aybar, también integrante de la fuerza, con el arma reglamentaria de ella para luego suicidarse”, fundamentó la diputada provincial Verónica Mercado al impulsar una propuesta al respecto.
En abril de 2021, la legisladora presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley a los fines de que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad que éste determine, requiera “a la Policía de la Provincia de Catamarca y al Servicio Penitenciario de la Provincia de Catamarca, la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal policial o penitenciario en los casos en que exista denuncia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar cuando sea considerado aconsejable, en virtud de las circunstancias y gravedad del caso”.
Además, se procederá, según corresponda, a modificar la conformidad oportunamente otorgada o a suspender preventivamente la condición de legítimo usuario y/o portación de armas y municiones particulares registradas a través de los mecanismos correspondientes ante las autoridades del Registro Nacional de Armas. El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad que éste determine, pondrá en conocimiento de las medidas previstas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a toda otra autoridad que estime pertinente. También, la Policía de la Provincia de Catamarca y el Servicio Penitenciario de la Provincia de Catamarca en el plazo de 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la presente, adecuarán sus normas y procedimientos internos y establecerán las responsabilidades correspondientes en relación con la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal policial y penitenciarios.
Riesgos
“Sabemos que la violencia de género se ejerce de distintas formas y a través de diversos mecanismos. Sin embargo, la presencia de armas de fuego conlleva un riesgo mayor puesto que, a diferencia de otros instrumentos, una agresión de esta índole tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales. De esta condición se deriva la obligación del Estado de controlar sus usos y prevenir sus consecuencias. Es por ello que buscamos normativizar al respecto bajo un marco legal con perspectiva de género que garantice una mayor seguridad a víctimas de violencia de género o intrafamiliar cuyo agresor pertenezca a las fuerzas de seguridad. Es así que este proyecto plantea dos modos para reducir la portación de armas de fuego, una preventiva”, remarcó la legisladora de la Cámara baja.
Antecedentes
El 11 de febrero de 2019 el juez Correccional de Segunda Nominación, Mario Varela, sentenció a la pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso al comisario Jorge Alberto Chayle, quien fue declarado culpable de haber amenazado y golpeado a su pareja. Chayle fue imputado por “amenazas”, “lesiones leves” y “desobediencia judicial” por una serie de hechos registrados entre el 18 y el 19 de septiembre de 2017. En febrero de 2020 fue reintegrado a sus funciones.
El 11 de febrero, Cinthia Aranda fue baleada por su expareja, el policía Diego Gastón Ortega, en Saujil. Tras una semana de agonía, la mujer falleció. El viernes 4, alrededor de la 1 de la madrugada en el barrio 50 viviendas de la localidad de Saujil, Cinthia estaba en su casa cuando irrumpió Ortega (43). La mujer ya había sido advertida telefónicamente por su hijo de que Ortega había salido con el arma reglamentaria hacia su domicilio. Tanto Cinthia como su hija recibieron los disparos.
