Los avances registrados en materia de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina en los últimos años son indiscutibles. Pero también insuficientes. No es un déficit que se desconozca, pues garantizarlos todos de un modo eficiente requiere de un proceso, y todo proceso tiene sus tiempos. Pero, a juzgar por estudios realizados por expertos internacionales, el país hace menos de lo que podría hacer, aun considerando la idea de proceso.
Orientar el camino que debe recorrer el Estado hacia esa meta siempre es un aporte necesario. Y es lo que acaba de hacer el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que emitió una serie de recomendaciones para que el Estado argentino trabaje en fortalecer e implementar las políticas públicas destinadas, precisamente, a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Tales sugerencias surgieron de un diagnóstico propio, pero también de los informes presentados por organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad. El marco de referencia para analizar hasta qué punto se respetan esos derechos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos es, la brecha existente entre el planteo teórico y lo que sucede en la práctica.
Se trata de la segunda vez que el Comité formula recomendaciones. La oportunidad anterior fue en 2012, cuando el planteo fue en torno a 50 puntos, de los cuales la Argentina apenas cumplió 8.
Las nuevas recomendaciones, que toman por cierto algunas de las viejas que no fueron atendidas por el Estado argentino, proponen, por ejemplo, armonizar su legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley sobre los derechos de las personas con discapacidad alineada con el modelo de derechos humanos.
También propone mayores esfuerzos para promover el acceso al Certificado Único de Discapacidad; garantizar la participación activa y efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de las políticas del área; armonizar el Código Civil y Comercial de la Nación con la Convención; reformar el Código Penal Argentino y los Códigos Procesales penales pertinentes, a fin de evitar la privación de libertad de las personas con discapacidad sobre la base de su peligrosidad; avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas; cerrar los hospitales psiquiátricos; aumentar el presupuesto para salud mental; alentar el empleo de las personas con discapacidad, en los sectores público y privado, y cumplir al menos con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad, entre muchos otras recomendaciones.
Las propuestas son atinadas y cumplibles en el corto plazo. Acatarlas permitiría, por un lado, alinear la legislación argentina con el espíritu de la Convención de las Personas con Discapacidad, y, por el otro, continuar avanzando en el proceso de de reconocimiento de los derechos a esas personas.
