El juez federal Sebastián Casanello procesó a Alberto Fernández por hechos de corrupción en la contracción de seguros por parte de decenas de organismos públicos, pagando comisiones millonarias a intermediarios privados. En este expediente, que comenzó luego de una investigación de Clarín y que instruyó desde un comienzo el juez Julián Ercolini, el ex jefe de Estado terminó procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Con un embargo de 14.634.220.283,68 pesos.
También fueron procesados el broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa, y su esposa y ex secretaria María Cantero. Se les atribuyó los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipes necesarios. Y también el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el mismo monto de embargo.
La resolución alcanza, siempre sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano y a ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos. Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos son parte de las piezas que componen lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados.
Un total de 40 personas fueron indagadas en el marco de esta causa, tras haber sido imputados por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
