La concejala electa de Icaño, Ivana Ferreyra, representada por su abogado Antonio Acuña presentó un conflicto de poderes ante la Corte de Justicia de la provincia para reclamar su incorporación al Concejo Deliberante de esa localidad.
En la presentación se justifica el pedido de intervención del máximo tribunal provincial al sostener que el CD de Icaño "se encuentra atravesando una extrema situación institucional, provocado por un avasallamiento de las instituciones, intromisión en la aplicación incorrecta de la ley y desconocimiento del derecho y la normativa vigente por parte del presidente del cuerpo, Ariel Aderete, y de algunos de sus inescrupulosos concejales laderos".
En este marco es que Ferreyra, a través de su abogado, solicita que "en forma de medida cautelar, se ordene al Concejo Deliberante de Icaño" su incorporación inmediata y que el Concejo "se abstenga en lo sucesivo de realizar actos ilegítimos, ilegales y anticonstitucionales que atenten contra el sistema republicano, representativo y federal que rige la institucionalidad del CD, como así también a no extralimitarse en sus facultades de manera absolutamente ilegal", hasta tanta el proceso judicial continúa y se resuelve.
A la par, la edil electa reclama que "se declare la nulidad de todo lo actuado por el Concejo Deliberante de Icaño en contravención a la ley".
"El manejo de una institución como lo es el CD de Icaño a gusto y capricho del presidente con la complicidad no solo del resto de los concejales sino del departamento ejecutivo municipal en aparentemente estaría ratificando las actuaciones del Concejo, toman la situación a todas luces gravosa para la institucionalidad municipal por lo que solicitamos se le otorgue la mayor celeridad al presente proceso a los fines que se acomode a derecho la cobertura de las vacacionas producidas y el normal funcionamiento del CD", añade en el escrito presentado ayer.
Por otra parte, Ferreyra también reclama que se ordene al CD y al Ejecutivo municipal se le abone de forma íntegra los haberes que dejó de percibir desde diciembre del año pasado hasta su efectiva incorporación al cuerpo deliberativo municipal.
Además, plantea que se condene al Concejo y en forma solidaria al presidente del cuerpo a "abonar los daños y perjuicios causados por el acción par ilegitimo, ilegal y anticonstitucional que provocaron con su accionar, estimados los mismos provisoriamente en la suma de $100 mil".
Finalmente y ante la posibilidad de que la Corte de Justicia no hiciera lugar al pedido, es que Ferreyra y su defensa hacen el pedido de reserva de interponer recurso extraordinario ante la Corte Suprema de justicia de la Nación.