domingo 19 de mayo de 2024
Editorial

Prejuicios y distorsiones

La justificación de los despidos a trabajadores públicos nacionales incurre en datos engañosos...

La justificación de los despidos a trabajadores públicos nacionales incurre en datos engañosos, pero se sustenta en una creencia bastante extendida respecto de la ineficiencia del Estado.

Que el Estado no funcione eficientemente, o que existan en algunas áreas más empleados de lo racionalmente aconsejable, ambas cuestiones verdaderas e irrefutables, no habilitan las generalizaciones. Por ejemplo, que la mayoría de los trabajadores son ñoquis, o que los trabajadores públicos son militantes, o que en el sector público es corrupto en su esencia, o que el gasto que generan las reparticiones u organismos estatales es innecesario. Estas generalizaciones distorsionan la realidad de un modo intencional en un contexto de batalla cultural emprendida por el sector que ocupa el gobierno nacional, estigmatizando al trabajador estatal.

La motosierra arrasa con todo. Aplicada al Estado nacional, acaba con el trabajo militante y con los ñoquis, pero también dinamita o debilita áreas que son fundamentales por el aporte social que realizan, con trabajadores –muchos de ellos profesionales altamente calificados (la mitad de los trabajadores del Estado nacional poseen título universitario o terciario)- comprometidos y responsables. Un análisis prolijo y exhaustivo –no como las presuntas auditorías impulsadas por Nación cuyos resultados nadie conoce- permitiría determinar dónde achicar y dónde fortalecer. Y en el caso de achicar, no a través de despidos masivos para empleados precarizados desde hace años –algunos desde hace décadas- sino con una política de retiros voluntarios o reubicaciones en función de una planificación de los recursos.

La motosierra tiene, además del costo de restringir las funciones virtuosas que el Estado ofrece a la sociedad, otro costo que deberá pagar en algún momento: es muy probable que la mayoría de los despedidos inicien una demanda que en algún momento los favorecerá, porque la precarización de un sector importante de los trabajadores públicos es violatoria de leyes laborales en vigencia. Un informe de la Universidad Nacional de San Martín especifica que el 11% de los empleados públicos nacionales –que son a los que mayoritariamente apunta el gobierno nacional- están empleados a través de contratos por tiempo determinado, y el 38% de ese grupo “acumula tres o más renovaciones contractuales, lo cual hace presumir que sus tareas no son ‘transitorias o estacionales’ como define la Ley de Regulación de Empleo Público Nacional (25.164) que deben ser las del personal no comprendido en el régimen de estabilidad.

Establecer criterios de razonabilidad en el funcionamiento del sector público es absolutamente necesario, pero acometer esa tarea basados en prejuicios o distorsiones de la realidad, sobre todo por un presidente que caracteriza al Estado como “una asociación criminal”, conduce a consecuencias peores que el funcionamiento actual, además de perpetrar injusticias que afectan a miles de personas.

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