En los últimos días comenzó a visibilizarse el reclamo de precarizados laborales tanto de la provincia como de los municipios. El Estado provincial y algunos municipios mantienen todavía formas de contratación laboral precarias, a través de becas y planes, que se extienden por años.
Becados del Hogar de Ancianos Fray Mamerto Esquiú continuarán hoy con su reclamo por estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo en general. Actualmente son cuarenta y nueve las personas que conforman el plantel de becados, número que supera al personal de planta permanente. Algunos de estos trabajadores cuentan con una antigüedad de más de diez años y hasta la fecha no reciben respuesta por parte de las autoridades ante sus pedidos de estabilidad laboral. Igualmente, aseguraron que debido a esta precarización no cuentan con aportes jubilatorios ni obra social. Según el testimonio que dieron a la prensa, tienen un sueldo de $ 70 mil. Además, señalaron que viven en una situación de confusión porque son agentes que realizan tareas correspondientes al personal sanitario, pero como dependen del Ministerio de Desarrollo Social no los consideran como agentes de Salud.
Ayer, también, un grupo de mujeres tomaron la delegación municipal de San Martín, en Capayán, ante la falta de respuestas por estabilidad laboral. Según la denuncia, el intendente les otorgó becas de $ 20 mil.
La precarización laboral por parte del Estado tiene ya una larga historia de más de dos décadas. Desde fines de los ‘90, en el marco de la crisis económica, por la profundización del modelo neoliberal, los planes sociales fueron la estrategia que encontró la política para suplir la desaparición de fuentes laborales. Sin embargo, el Estado no logró escapar de la trampa que le tendió una salida fácil, como la de los planes Jefes y Jefas de Hogar o Trabajar, los contratos de locación de servicios y desde entonces se convirtió en una metodología para el clientelismo político de la que hizo uso y abuso.
La Municipalidad de la Capital halló una estrategia para blanquear la situación de los becados que pertenecen al programa Catamarca Ciudad Trabaja. En este sentido, a través de una ordenanza, se acordó que aquellos agentes que cumplan con diez años de antigüedad pasarán a planta permanente, luego de cumplir con determinados requisitos. De todos modos, lo que todavía no se garantizó, a través de la legislación, es que no habrá nuevas contrataciones bajo esa modalidad.
En la última Asamblea Legislativa, el gobernador Raúl Jalil anunció pases a planta para agentes con contrato de locación de servicios y contrato de empleo público. Sin embargo, todavía mantiene sistema de becas como “Catamarca incluye” o el “Plan arraigo”. Se desconoce cuántos representan dentro de la planta del Estado provincial. Está claro que la problemática se extenderá hasta el infinito si no se adopta una decisión política comprometida con esta realidad.
En definitiva, una de las asignaturas pendientes de la política económica en la provincia y en el país es ponerle fin a estos modos de contratación en negro por parte del Estado, que mantiene como rehenes a los beneficiarios. Está claro que la salida depende de la generación de nuevas fuentes de trabajo en el sector privado, pero también asumir el compromiso de no volver a generar la contratación en negro.